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Los tubos del trasvase Tajo-Segura.
Los futuros gobiernos de La Mancha y Aragón amenazan con otra guerra del agua

Los futuros gobiernos de La Mancha y Aragón amenazan con otra guerra del agua

El PSOE de estas dos autonomías rechaza el Tajo-Segura y el próximo ejecutivo de la Comunitat no lo incluye en su programa electoral

Isabel Domingo

Sábado, 13 de junio 2015, 21:47

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La sombra de la guerra del agua, que protagonizó enfrentamientos dialécticos y manifestaciones con la aprobación -y posterior derogación- del Plan Hidrológico Nacional (PHN), ha vuelto a renacer tras el escenario político surgido después de las elecciones del 24 de mayo. Si ya en campaña electoral el trasvase del Ebro se coló en los discursos de los presidentes de la Comunitat Valenciana, Aragón y Murcia con mensajes contradictorios a pesar de ser del mismo partido, el tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa con la llegada de gobiernos antitrasvase a las autonomías de Aragón y Castilla-La Mancha.

Eso a pesar de que la política sobre el agua corresponde al Estado, con permiso de Aragón cuyo Estatuto obliga a emitir un informe previo sobre las transferencias que afectan a este territorio, y de que el Congreso blindó a mediados del mes pasado la regulación de caudales del trasvase Tajo-Segura con la modificación de la Ley de Montes.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha sido el más beligerante con este tema, especialmente a raíz de la última transferencia de agua aprobada por el Ministerio de Agricultura, que autorizó a finales de mayo un trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas-Buendía al acueducto Tajo-Segura y que se suma a otras realizadas (por esa misma cantidad) a lo largo de este año con polémica incluida.

El candidato socialista a la presidencia manchega, Emiliano García-Page, reclamó al Gobierno regional en funciones que recurriera ese nuevo trasvase autorizado por el ministerio e instó a Dolores de Cospedal a defender «por una vez» los intereses de Castilla-La Mancha. Según ha reiterado García-Page en varias ocasiones, poner fin al trasvase Tajo-Segura es una «obligación moral» a pesar de que su regulación fuera aprobada en 2013 por el Ejecutivo de Rajoy con la bendición de los gobiernos autonómicos de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Murcia.

De ahí que la afirmación «Pediremos el final del trasvase» haya sido una constante de los socialistas manchegos mientras que en Murcia, por ejemplo, el programa del PSOE recoge la defensa «a ultranza» del trasvase Tajo-Segura.

Ley de Aguas en Aragón

  • En su contexto

  • La normativa aragonesa, que el Gobierno central anunció que recurrirá en el Tribunal Constitucional, fija una reserva anual de 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro, lo que implica poner un candado a un hipotético trasvase desde este río.

  • Esta ley aprobada en 2013 recoge la regulación del trasvase Tajo-Segura y su memorándum. Fue recurrida por Aragón al considerar que invade competencias y tumbada por el Constitucional. Por ello, el Gobierno introdujo unas enmiendas en la Ley de Montes -aprobada el pasado mes- para blindar esta transferencia.

  • El acuerdo para poner en marcha el trasvase de manera regular podría llegar este verano tras la mediación de Medio Ambiente.

En el caso de Aragón, el rifirrafe llega a cuenta de dos cuencas, la del Tajo y la del Ebro, aunque el resultado es el mismo: blindaje antitrasvases. Al igual que el origen, que radica en el recurso aragonés al memorándum del trasvase Tajo-Segura al considerar que éste invadía supuestamente sus competencias. El Tribunal Constitucional tumbó la ley y el Estado introdujo unas modificaciones en la mencionada Ley de Montes para sacarlo adelante.

Para el PSOE aragonés y su candidato a la presidencia, Javier Lambán, que podría gobernar con el apoyo de Podemos, la enmienda del Partido Popular introducida en esta normativa abre la puerta al trasvase del Ebro por lo que ya avanzó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si la ley sigue adelante.

Indefinición valenciana

Mientras, en la Comunitat, la indefinición sobre los trasvases marca los programas electorales de PSPV y Compromís, que previsiblemente formarán gobierno. En este último caso, sólo se menciona «el cumplimiento riguroso de la directiva marco del agua» en la elaboración de los planes de cuenca, el «ejercicio efectivo de las competencias autonómicas» y el plan de recuperación del Júcar, para el que también reclaman una concesión de agua destinada a las poblaciones de La Ribera, que ya solicitó el Consell en funciones.

Esta concesión también aparece en el programa de los socialistas valencianos, que incluye la modernización del regadío valenciano y las obras pendientes de la transferencia de la cuenca del Júcar hasta el Vinalopó. En este sentido, se espera para este verano el acuerdo entre los usuarios implicados (cedentes y receptores) en este trasvase tras haber mediado Medio Ambiente.

Ante esta situación, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) recordó que los trasvases «son necesarios» porque han permitido mantener más de 100.000 empleos vinculados con la agroalimentación. Su presidente, Benjamín Aparicio, defendió la necesidad de que el memorándum del Tajo-Segura «salga adelante cuanto antes» y que se aborde el del Ebro para «paliar el déficit estructural de agua en Alicante». «No queremos quitar agua a nadie sino garantizarla de los excedentes», aseguró.

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