El elenco de actores no tiene desperdicio: tres presuntos matones, un empresario del calzado que bien podría haber hecho de dobledel calvo de la lotería, dos responsables de clubes de alterne y un alcalde. Pero ahora entra en escena otra figura: Joaquín Montiel, concejal de Turismo.
Montiel no compareció en la rueda de prensa en que la alcaldesa en funciones, María Dolores Zaragoza, dio cuenta de la situación en la que queda el Consistorio. La versión oficial es que se encontraba «indispuesto en su casa», un inmueble que ayer mismo seguía vigilado por medios de comunicación a la espera de novedades.
Joaquín Montiel es una de las cabezas visibles de un entramado empresarial con intereses urbanísticos que está siendo investigado por la Guardia Civil. Es titular de una empresa radicada en el Parque Industrial de Elche: Contrataciones Santa Inés Internacional Sociedad Limitada, dada de alta el 6 de noviembre del año 2006.
Fuentes empresariales explicaron que se trata de una mercantil vinculada a su vez con el grupo empresarial Falcó Investiment Group, que se dedica, entre otros muchos y muy variadas negocios, a ofrecer su experiencia constructiva para proyectos sólidos en mercados no tradicionales, principalmente en el Norte de África.
El Registro Mercantil revela que el objeto social de Santa Inés es también muy variopinto, desde la intermediación en la compraventa de toda clase de artículos de regalo y decoración a la intermediación en la promoción, construcción, venta y alquiler de toda clase de bienes inmuebles. También asume la programación de viajes y actividades de ocio y la condición de agente inmobiliario. Su capital suscrito fue de 3.100 euros.
Joaquín Montiel figura en Contrataciones Santa Inés como apoderado, igual que José Rodríguez Vicente, Diego Miñano Sarabia y Armando Falcó Manresa. Precisamente, éste último, socio de Montiel en Santa Inés, es el nexo de un entramado integrado por catorce sociedades, la mayoría del sector de la construcción y algunas de las cuales han sido objeto de denuncias públicas de ciudadanos y trabajadores afectados. Así ocurrió con una promoción de viviendas en Elche, gestionada por Omega Urbacivil SL.
El concejal de Turismo también es apoderado, en este caso, único, de la mercantil Cabo Mon.
Segunda noche
Mientras, el actual primer edil, Juan Cano, pasó su segunda noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. El sospechoso, que declara hoy ante la juez del caso, habría negado en su interrogatorio policial cualquier implicación en la muerte de su antecesor.
Su hermano ha debido encontrar un abogado de prestigio para defenderlo, después de unas cuantas horas de desesperación e incertidumbre en las que contactó con varios bufetes jurídicos, ante los que sostuvo contra viento y marea la inocencia del detenido.
El secretismo que envuelve la investigación no cesa. Al impuesto por la juez que instruye el sumario en Villajoyosa, Antonia Raedo, se suma el decretado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su caso por las filtraciones de las últimas semanas.
Un portavoz de ese cuerpo de élite explicó ayer a este diario que el silencio que mantienen los investigadores se ha intensificado por las noticias que anticiparon el arresto de los dos presuntos sicarios de nacionalidad checa.
Uno de los abogados de estos imputados, Alejandro Dapena, que defiende a R.R., auguró ayer que Cano correrá la «misma» suerte que su cliente y el resto de los cinco arrestados. Lo contrario sería interpretado por la mayoría de las defensas como un «agravio comparativo».
Pero la acusación que se cierne sobre ese hombre y el actual alcalde polopino no es la misma, ni siquiera equiparable. El primero y su compatriota R.F. están considerados por los investigadores autores materiales del asesinato, y en virtud de dicha acusación han ingresado ya en prisión preventiva. Cano, por el contrario, sería, si así se demuestra finalmente, uno de los inductores del crimen.
Un empleado del club de alterne de la Marina Baja donde se fraguó el plan podría tener la clave, ser la persona que puso a los agentes de la UCO sobre la pista de los, hasta ahora, siete detenidos. Ese trabajador, según las fuentes consultadas, no sería el único testigo protegido de la causa, pero su testimonio se antoja crucial en este rompecabezas.
Prostitución, ladrillo y poder. Ése parece el telón de fondo que albergó el complot, una extraña confluencia de intereses, para borrar del mapa a Ponsoda, obstáculo insalvable de aún no se sabe qué turbios negocios. Antonio Martínez Camacho, abogado del empresario del calzado Salvador Ros, en prisión también como presunto intermediario del crimen, se defiende: «Si lo que tienen contra el alcalde Juan Cano y mi cliente es que han estado juntos, solos o en compañía de otras personas, en un club de alterne, ninguno de los dos sería culpable y deberían quedar en libertad».
El conocido letrado ilicitano, el primero en apuntar la implicación de un cargo público en el sumario, va aún más allá al sostener que su patrocinado tampoco participó en conspiración alguna junto a Montiel, con quien mantiene «una relación «nula, ni buena, ni mala». Pero Martínez Camacho esquiva la pregunta cuando ésta se focaliza sobre cualquier otra autoridad sin dar más explicaciones, lo que contribuye a disparar las especulaciones.
Interviene el fiscal jefe
Ante el cariz que están tomando los acontecimientos y la resonancia pública que está teniendo el caso, el fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos López Coig, ha tomado las riendas del asunto. Al menos, se ha involucrado directamente en las pesquisas, según fuentes de la Fiscalía, que ilustraron de forma muy gráfica la decisión: «Cuatro ojos ven más que dos».
El máximo responsable de la acusación pública se desplazó ayer a los Juzgados de Villajoyosa para conocer de primera mano el sumario. López Coig respalda así en su labor a la fiscal jefa del área de Benidorm-Dénia, Lourdes Giménez-Pericás, quien ha estado presente en todos los interrogatorios practicados por la magistrada hasta el momento.
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