El director general de Tráfico ha anunciado que España es un país que debería tener unos 2.000 radares, pero no ha explicado con claridad para qué.
La velocidad es, sin duda, un factor de riesgo en la conducción, pero debemos advertir que el establecimiento de límites genéricos en autovías y autopistas no obedece a un criterio objetivo de seguridad, sino que es una medida destinada a simplificar el control de la Administración. Es una especie de «café para todos», en el que no cabe afirmar que se cumpla la ecuación de que a menor velocidad se producen menos accidentes. Esto no ha ocurrido en España.
Cuando en 1976 se redujo la velocidad máxima en nuestras autopistas de 130 a 100 kilómetros/hora, se contabilizaron 3.000 accidentes con víctimas más que el año anterior. También en años posteriores, entre 1999 y 2004, la velocidad media real de circulación en las vías rápidas y autovías disminuyó en 2,3 kilómetros/hora y se produjeron casi 100 accidentes con víctimas más. Entonces ¿dónde radica el problema?. Pues el problema en nuestro país radica en la velocidad inadecuada, que es un concepto muy diferente al exceso de velocidad, y para el que no valen los radares.
Según datos de la DGT, tan sólo en un 3 por ciento de los accidentes con víctimas esta presente el exceso de velocidad. Sin embargo, en los casos de velocidad inadecuada el porcentaje se eleva al 16 por ciento. Una vez más, el problema de la velocidad se está abordando desde una óptica errónea. Y a pesar de que se puede demostrar la poca eficacia de los radares en la reducción de accidentes, desde la Administración se insiste en que hay que poner más. Quizás la recaudación de cerca de 500 millones de euros en multas expliquen la contumacia del discurso cinemométrico de nuestras autoridades.
