Los empresarios se han animado a denunciar nuevos casos de supuesta corrupción política. Primero fue José Antonio Alavés en Alicante y ahora lo ha hecho el promotor del Atrium Beach, el mayor complejo hotelero de Europa, que se construye en la Cala de Villajoyosa, según fuentes de la investigación.
Francisco García Martínez, presidente de la cadena Magic Costa Blanca, asegura en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que recibió presiones políticas por parte de un concejal de la localidad.
Se trataba de un presunto chantaje para que hiciese la vista gorda con las irregularidades en las obras a cambio de dinero. El edil denunciado no es otro que Pedro Lloret, actual portavoz del grupo municipal Iniciativa Independent (II) y verdadero azote, tanto de las irregularidades apreciadas en las obras del macroproyecto, como de la política urbanística desplegada en los últimos años por el Consistorio vilero.
Planes parciales
De hecho, sus recursos han llevado no en pocas ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a tumbar algunos planes parciales y diversos planes de actuación integrada (PAI) previstos en la localidad.
Pedro Lloret participó en el anterior equipo de gobierno, comandado por el socialista Gaspar Lloret y que sumaba a cuatro partidos: el PSPV-PSOE, el Bloc, II y Esquerra Unida.
Sin embargo, un edil de su formación, Francisco Manuel Pérez Melero, se pasó a finales del año 2008 al grupo de no adscritos de la corporación municipal tras alegar desavenencias con su propio portavoz.
Además, aseguró que se sentía «maltratado» por su organización. El siguiente paso fue una moción de censura que otorgó, finalmente, el poder al portavoz del Partido Popular, el actual primer edil Jaime Lloret.
El concejal de Iniciativa Independent y la promotora del Atrium ya han mantenido varios pulsos previos. De hecho, han sostenido durante todos estos años una guerra incruenta con diversas demandas cruzadas en los tribunales, cuyo último episodio ha sido la reciente denuncia presentada y de la que tendrá que dar cuenta el fiscal Anticorrupción.
