Los colegios concertados de la Comunitat han decidido unir sus fuerzas. Su oferta -concentrada en un total de 842 centros y más de 200.000 plazas- no es suficiente para atender la demanda de más de 6.000 padres que desean que sus hijos estudien en colegios privados concertados. Y así llevan dos años, dejando a niños sin escolarizar en sus aulas por la escasez de plazas.
Para conseguir esa mejora y que sus reivindicaciones sean escuchadas, los centros concertados y privados han creado una nueva asociación que aglutina también a sindicatos, organizaciones empresariales y federaciones, «y que representa al 30% de la comunidad escolar y a más de 600.000 personas», señaló Vicenta Rodríguez, presidenta de las escuelas católicas de la Comunitat y miembro de la recién creada Tribuna de Educación de Iniciativa Social
«Debemos profundizar en la idea de un pluralismo educativo real que permita a los padres acceder a un centro acorde con su ideario y sus principios», recalcó.
Durante la presentación, ayer, de la nueva asociación, Rodríguez reclamó que se amplíen las zonas del mapa escolar ya que, a su juicio, la zonificación escolar actual basada en el área de proximidad al domicilio para escoger centro «es contraria al derecho de la libertad de enseñanza».
A ello hay que añadir que, cada vez más, los colegios concertados reciben una transferencia de alumnos de los privados a causa de la crisis. «Las familias no pueden hacer frente al gasto y eligen cambiarlos a uno concertado, pero se encuentran con que no hay plazas», señaló José Manuel Boquet, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia.
Tribuna de Educación reclamó también el reconocimiento de autoridad para los docentes de la privada, con el que ya cuentan los de la pública. «Una agresión a cualquier profesor de cualquier centro debe tener la misma consideración de delito contra la autoridad», señaló el secretarto general de la Federación de Enseñanza de USO-CV, Arturo Gómez.
Igualdad también en las condiciones retributivas porque, según Evarist Carbonell, del sindicato FSIE, «las obligaciones son comunes a los profesores de ambas redes pero no ocurre igual cuando hablamos de condiciones económicas».
