LA CLAVE
Los movimientos entre cajas continúan y todos los actores empiezan a posicionarse. El Banco de España sigue alentando las fusiones, especialmente las interregionales, mientras las distintas entidades financieras montan sus estrategias. Una de las opciones que empieza a cobrar fuerza es la utilización de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que permiten lo que se conoce como fusiones virtuales o frías.
Ante la posibilidad de que se impulse un SIP entre CAM, Caja Madrid y Caixa Galicia, una operación que se está barajando y parece estar auspiciada por el Banco de España, el Consell no tiene potestad para actuar. Ni puede ejercer el veto, ni dar su aprobación.
Y es que la ley de cajas no lo permite. Para poder vetar una fusión virtual, la Generalitat tendría que reformar el actual marco legislativo, de 1997. Pero no lo hará.
Fuentes de la Conselleria de Economía señalaron ayer a LAS PROVINCIAS que la Generalitat no modificará la ley de cajas para dotarse así de capacidad de maniobra en el caso de que cualquiera de las entidades valencianas propusiera un SIP.
Mientras, tanto la CAM como Caja Madrid mantuvieron ayer silencio sobre la posibilidad de que se esté negociando una alianza de estas características. Desde la entidad que preside Modesto Crespo se limitaron a un «no hay comentarios que hacer».
En cualquier caso, una operación de estas características podría ser mejor acogida en Alicante, donde dirigentes políticos y empresariales han mostrado su rechazo a una posible fusión con Bancaja. Y es que la sede de la toma de decisiones no se movería con la alianza con Caja Madrid.
Fusiones virtuales
En la práctica, los Sistemas Institucionales de Protección abren la puerta a las fusiones de entidades de distintas regiones, como prefiere el Banco de España, y en contra de las pretensiones de los Ejecutivos autonómicos, que apuestan por las uniones entre cajas de su región para mantener así el control político.
Los Gobiernos de Madrid y Andalucía han actuado en consecuencia. El Ejecutivo de Aguirre está modificando la legislación, mientras que el presidido por Juan Antonio Griñán lo hizo el pasado mes de octubre.
Con ello, los gobiernos autonómicos pretenden obtener la misma capacidad de veto que en el caso de las fusiones, precisamente uno de los objetivos que se buscaba evitar con la creación de esta nueva figura.
Los SIP son un sistema reciente que fue regulado por el Real Decreto 216/2008, que traspone una directiva europea. Se refieren a un acuerdo contractual o legal de responsabilidades entre entidades financieras para protegerlas y garantizar su solvencia y liquidez y evitar así una quiebra.
No se trata de una fusión, pero las entidades pueden realizar operaciones comunes y compartir estructuras organizativas.
Así, los negocios se integran, se controlan los riesgos conjuntamente, pero las entidades no pierden su capacidad jurídica ni la marca. Además, el impacto para la red de sucursales y la plantilla es mínimo, ya que cada caja mantendrá su propia imagen y red de sucursales en cada región. En las que no tiene presencia compartirán el riesgo, ya que formarán un holding para controlar liquidez y solvencia.
El Banco de España apoya las fusiones virtuales, ya que, según fuentes financieras, pueden servir con el tiempo para una unión real y efectiva. Las mismas fuentes explicaron que estas alianzas presentan varios problemas a nivel práctico. Así, permiten que las entidades aliadas mantengan estrategias de actuación diferentes; «no hay una unidad de actuación y es algo que no se puede sostener».
Hasta el momento no se ha realizado ninguna en España. Ruralcaja intentó unir con este procedimiento a varias entidades sin éxito. En la actualidad, se estudia la posibilidad de que se materialice una alianza entre Caja Navarra y Caja Canarias y otra entre Caja Rioja, CAI y Caja Insular de Canarias.
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