El socialismo valenciano emprendió el pasado lunes una senda cuyo destino, probablemente, todavía desconoce, y que le puede llevar por escenarios poco favorables. La presentación de una querella contra la cúpula del PP valenciano, los cabecillas de la trama 'Gürtel' y, sobre todo, contra cinco empresas constructoras, ha generado una polémica que ha terminado por distanciar a Jorge Alarte de la patronal valenciana. Y sobre todo, que ha echado por tierra los esfuerzos de los últimos doce meses del líder de los socialistas valencianos por transmitir credibilidad a un sector económico tan destacado como el del empresariado.
«Imagino que se elaboró un mapa de riesgos antes de empezar este proceso». La reflexión pertenece a un destacado cargo público del socialismo valenciano. A pocos dirigentes socialistas les ha sorprendido, al menos en público, la respuesta unánime de la patronal valenciana tras la decisión de los socialistas de incluir a cinco de las principales constructoras de la Comunitat (Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz, Facsa y Grupo Piaf) en una querella por el 'caso Gürtel'. «¿Qué otra cosa se podía esperar?» se pregunta la misma fuente.
Y sin embargo, ha parecido que no era así, es decir, que la respuesta de los empresarios sí ha sorprendido a Alarte. El líder del PSPV transmitió a la patronal, dos días después de la presentación de la denuncia, un mensaje de «tranquilidad, serenidad y confianza» a la clase empresarial. Como si quisiera echar el freno después de haber tomado una decisión -la de situar a las empresas como querellados y no como testigos en su denuncia-. «Los empresarios no lo dirán en público, porque saben que el Ejecutivo central les adjudica mucha obra pública, pero seguro que han tomado nota de lo que ha ocurrido», argumenta otro dirigente.
Parece evidente que el objetivo principal de la denuncia era mantener vivo el 'caso Gürtel', quizá a la espera de que se haga público el resto del sumario. Pero lo que se ha logrado es levantar en pie de guerra al empresariado valenciano, que se ha sentido agredido en un debate, el político, para el que ya reclamaron el viernes más tranquilidad. Esos 'daños colaterales' pueden no incidir en el resultado final de la denuncia. Pero contribuyen, por un lado, a debilitar la credibilidad del líder del PSPV, y por otro, crean más problemas de los que resuelven.
El caso es que Jorge Alarte se había caracterizado hasta la fecha por detectar con habilidad este tipo de situaciones, e incluso por resolver anteriores excesos de su partido. En etapas anteriores, la dirección del PSPV no ha parecido estar pendiente de las consecuencias que podían tener algunas de sus decisiones. Y eso ha acarreado situaciones polémicas, y en ocasiones, rectificaciones sonoras.
Uno de los casos más llamativos, probablemente por lo obvio de la situación, fue el contencioso-administrativo presentado por el grupo socialista del Ayuntamiento contra el convenio suscrito por el consistorio con el Valencia C.F. en relación con la permuta de solares por el nuevo Mestalla. Lo que se planteó como una iniciativa justificable (tanto que tres años después siguen sin haberse concretado los 19 solares y los 17 millones que debe percibir el Ayuntamiento) terminó echando a la afición valencianista encima de los socialistas, que identificó la posición de esta formación política como un ataque al club.
Alarte, hace pocas fechas, mostró su disposición a retirar el recurso. El anuncio, unido a su fotografía suscribiendo acciones de la última ampliación, contribuyó a dulcificar en parte la imagen del PSPV entre los aficionados del club blanquinegro.
El caso del nuevo Mestalla no es el único. Quizá el que ha traído más cola no proviene de una decisión de los socialistas valencianos (de hecho, ni siquiera se trata de un asunto judicial). Pero la postura del PSPV ha sido tan criticada, y ha resultado tan incomprensible para la mayor parte de los ciudadanos que todavía se arrastran sus consecuencias. El 21 de abril de 2005, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la derogación del trasvase de agua del Ebro. Los socialistas valencianos, encabezados por Ignasi Pla, hicieron de esa decisión una bandera. Y lo que lograron fue enfrentarse con todas las comunidades de regantes de la Comunitat y abrir un abismo a nivel electoral. Alarte, bastante más astuto que su antecesor en el cargo, es un trasvasista declarado y así lo ha transmitido en todas las reuniones que ha podido.
Ha habido alguna otra. En los últimos años, el Parlamento europeo ha acumulado hasta tres pronunciamientos críticos con el urbanismo depredador que, según se aseguraba, existe en distintos puntos de España, y en especial, en la costa mediterránea. La polémica fue jaleada y aplaudida por los socialistas valencianos, que incluso no tuvieron el más mínimo rubor en votar de forma favorable a los dos primeros informes críticos. ¿Consecuencias? No sólo la oposición y el rechazo más o menos explícito de promotores y constructores, sino que, lo que resultó más evidente todavía, ceder gratis al PP el discurso de que los socialistas valencianos atentaban contra los intereses de la Comunitat. El último y más reciente, ya con la nueva dirección al frente de los socialistas valencianos, el PSPV lo rechazó frontalmente. La sucesión de decisiones políticas en las que no se han medido las consecuencias añadidas refleja quizá que ese 'mapa de riesgos' al que hacen alusión algunos cargos socialistas, o no se hace siempre, o en ocasiones no se tiene en cuenta.
Quizá tenga que ver con esa creencia extendida entre algunos colaboradores de Jorge Alarte respecto a que las opciones electorales de los socialistas valencianos, más que de sus propios méritos, dependen de los errores que acumule el adversario.
