Las cinco constructoras acusadas por el PSPV en la querella presentada el pasado lunes por el 'caso Gürtel' ultiman la presentación de una denuncia, que probablemente se concretará hoy mismo, contra los firmantes del escrito presentado ante el TSJ valenciano, según confirmaron ayer a este diario fuentes próximas a las empresas.
La decisión de las constructoras -Lubasa, Enrique Ortiz, Sedesa, Facsa y Grupo Piaf- es la primera respuesta a la iniciativa adoptada por la formación que lidera Jorge Alarte de llevar al juzgado la financiación del PP valenciano. El lunes, los socialistas formalizaron la presentación de una querella ante el TSJ valenciano contra la cúpula del PP y contra cinco empresas valencianas, motivada en el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales y en otro informe sobre la visita del Papa a Valencia. La denuncia iba contra un total de 17 personas, entre ellos el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los principales responsables del partido en la Comunitat y los cabecillas de la trama del 'caso Gürtel'. Y también contra las mencionadas constructoras, citadas en el informe policial. La inclusión de esas empresas en la querella había provocado en las últimas fechas una llamativa polémica en las filas socialistas.
La denuncia que previsiblemente presentarán hoy esas cinco constructoras va dirigida contra los firmantes de la querella presentada por el PSPV: el Síndic socialista Ángel Luna, y los portavoces adjuntos Ximo Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno.
De hecho, que el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, no sea uno de los firmantes, ya levantó algunas suspicacias ayer en las filas socialistas. Alarte ha sido junto al propio Luna uno de los principales impulsores de llevar al juzgado este asunto. Y según algunas fuentes, también es el que más empeño ha puesto en que las constructoras citadas en el informe policial figuraran en la querella. Y pese a ello, al final no figura como firmante de la denuncia.
La respuesta, también por vía judicial, de las constructoras se une al malestar que la iniciativa socialista provocó entre el empresariado valenciano. El mismo día de la presentación de la querella, distintas organizaciones empresariales ya emitieron sucesivos comunicados en los que condenaron que se pusiera en duda la honorabilidad de las empresas valencianas, y en los que reclamaban que se les mantuviera al margen de disputas políticas.
Ayer, esa postura volvió a reiterarse. El presidente de Cierval, Rafael Ferrando, rechazó la utilización del empresariado «como arma arrojadiza entre los partidos políticos». «Si políticamente los partidos tienen que demandarse, que lo hagan, pero que no se entre a utilizar unos cauces que no son los que en estos momentos pueden corresponder», señaló.
«Si no hay una imagen clara y positiva del empresariado, no podemos tratar precisamente de combatir el desempleo, porque vamos a estar en cuestión las empresas, y por eso defendemos claramente la honorabilidad del conjunto del empresariado, porque es la base de un estado democrático», añadió.
Por su parte, el presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez, mostró también su respeto por la justicia aunque pidió «cautela» para no caer en «la utilización indebida de la figura del empresario, que es un agente social clave en la economía».
