Lubasa, Sedesa, Facsa, Piaf y Ortiz e Hijos están en el punto de mira del PSPV. Finalmente los socialistas han incluido a estas cinco empresas valencianas de la construcción en su querella contra Francisco Camps y otros responsables del PP regional y el Consell por una presunta financiación ilegal de los populares ligada al 'caso Gürtel'. El escrito, presentado ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, alude a los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.
El portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, explicó ayer el contenido de la querella pocas horas después de registrarla. El escrito se sustenta en dos informes policiales (el primero de ellos, referido a una presunta financiación ilegal del PP en la que habrían participado las empresas mencionadas) y la documentación intervenida en las sedes de las firmas de la trama corrupta.
Los socialistas creen que hay indicios de que las constructoras pagaron a Orange Market (filial valenciana, presidida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', del entramado dirigido por Francisco Correa) deudas del PP de la Comunitat o que, directamente, ingresaron dinero en las cuentas populares. A cambio, sugiere la querella, estas empresas recibieron hasta 1.000 millones de euros en contratos con la Generalitat entre 2005 y 2009.
La principal beneficiaria es Sedesa, presidida por Vicente Cotino (sobrino del conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino), que ha recibido adjudicaciones por valor de 539.016.098 euros. Enrique Ortiz e Hijos, a la que representó Luna hasta 2004 y de la que es administrador único Enrique Ortiz, ha ingresado 205.249.738 euros. El grupo Piaf, cuyo presidente es Antonio Pons, ha percibido 201.082.692 euros. Lubasa, dirigida por Luis Batalla, ha sido contratada por un total de 77.337.451 euros. Y la sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), de Enrique Gimeno, ha recaudado 13.876.078 euros.
Virosque pide prudencia
La querella del PSPV soliviantó ayer al mundo empresarial de la Comunitat. Las constructoras señaladas por los socialistas valencianos transmitieron su preocupación al presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque, quien reclamó prudencia y lamentó que este tipo de informaciones pueden afectar a las empresas, sobre todo cuando algunas de ellas aspiran a contratos en otras Comunidades.
Virosque insistió en que todas las adjudicaciones de la Generalitat se han realizado cumpliendo con la legalidad vigente. Aunque declinó hablar de «temas políticos» en relación a la presunta financiación ilegal del PP.
Las patronales Cierval y Coepa exigieron respeto para las firmas implicadas y que no se les utilice fuera del contexto estrictamente económico. La asociación autonómica defendió la «honorabilidad» de los empresarios de la Comunitat y consideró «injusta» la actuación del PSPV, al que exigió que respete la presunción de inocencia. La confederación alicantina pidió evitar los «juicios paralelos» porque «ponen en riesgo» la reputación de los empresarios, denigra «gratuitamente» su imagen y amenazan su confianza, máxime en un sector «imprescindible para la salida de la crisis».
Camps, responsable último
La inclusión de estos empresarios como querellados significa el «triunfo» de las pretensiones de la dirección del PSPV sobre las reticencias de la ejecutiva federal del PSOE. Luna admitió que había diferencias de «matices», pero la decisión correspondía a los socialistas valencianos. En relación a los posibles delitos que se les atribuye explicó, en lo que afecta a los empresarios, que hay distintos grados de colaboración (agravantes y atenuantes).
El PSPV pide también que se investigue al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización del partido, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.
Según la querella, Camps conocía los hechos y era el último responsable de los mismos; Costa «canalizaba» los pagos en B [es decir, no fiscalizados] a Orange Market; Rambla controlaba las adjudicaciones del Consell a las empresas de la trama; Serra tenía que «eliminar determinados conceptos, preparar los talones y fijar la cifra global de abono», y García libraba los fondos «a indicaciones» de Costa.
Asimismo, el PSPV apunta al ex director general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.
El primero, según los socialistas, aparece (en declaraciones y conversaciones intervenidas por la Policía) «como un interlocutor frecuente con el Grupo Correa» y adjudicó, según un informe policial, las labores de sonorización de la visita del Papa a Valencia en 2006 a Teconsa (empresa utilizada como «pantalla» de la trama corrupta y cuya actividad era ajena al sector audiovisual). La Sindicatura de Comptes ya advirtió de que la contratación, por un importe de 6,4 millones de euros, no se realizó con la debida publicidad.
La segunda aparece citada en conversaciones entre los cabecillas de la trama en relación a las adjudicaciones del Consell a Orange Market para Fitur.
El papel de Cabedo
La querella incluye a los principales responsables de la trama corrupta, ya imputados en la investigación que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, José Luis Izquierdo y Cándido Herrero.
El escrito, firmado por Luna y los portavoces adjuntos Ximo Puig, Cristina Moreno y Carmen Ninet pide, como pruebas, que se cite como testigos a los alcaldes y portavoces del PP en los municipios en los que Orange Market organizó actos del partido.
La querella será ahora evaluado por los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, entre los que se encuentra el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa. Antes de admitirla o no, los jueces pueden solicitar un informe al fiscal jefe, Ricard Cabedo (marido de una diputada socialista). Cabe recordar que el TSJ de Madrid ya investiga la posible financiación ilegal del PP.
El PP y el Consell salieron en tromba a defender el buen nombre de sus responsables. Hasta tres veces el portavoz popular en Les Corts y conseller de Inmigración, Rafael Blasco, acusó a los socialistas de firmar su defunción política. El nuevo secretario general del partido, Antonio Clemente; los presidentes provinciales Carlos Fabra y Alfonso Rus (pero no José Joaquín Ripoll); un buen número de alcaldes populares (algunos de los que el PSPV quiere que se cite como testigos); Rambla (que anunció acciones legales «contundentes» por parte del Consell) y la titular de Justicia, Paula Sánchez de León, defendieron su actuación. EU apoyó la querella.
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