La tramitación y debate de los Presupuestos Generales del Estado han despertado un alto interés en la opinión pública. Interés no manifestado en años anteriores, o al menos no recordado por quien estas líneas escribe.
La crisis económica, la utilización de los Presupuestos como vehículo de medidas contra aquélla y el anunciado aumento de impuestos que estos contienen, son sin duda las claves para entender porqué los ojos de políticos, medios de comunicación y ciudadanos en general se han vuelto hacia el Parlamento para observar el desarrollo y conclusión de la Ley que aprobará las cuentas del Estado para el año próximo.
La exposición de motivos del Proyecto de Ley de los Presupuestos destaca la importancia que en un contexto como el actual marcado por la crisis económica, tiene la política fiscal.
Las principales medidas fiscales que en el año 2010 surtirán efecto, de aprobarse en sus actuales términos el Proyecto podemos resumirlas del modo siguiente:
En el IRPF, de un lado la eliminación de la deducción de hasta 400 euros por la obtención de rentas del trabajo o de actividades económicas y de otro la elevación del 18 % al 19% (para los primeros 6.000 euros) y al 21% (para los importes que superen 6.000 euros) del gravamen que afecta a rentas del ahorro (básicamente rendimientos de cuentas bancarias y otros activos financieros y plusvalías).
En el Impuesto sobre Sociedades, la reducción del gravamen para PYMES, que bajo ciertas circunstancias creen o mantengan empleo. Esta medida se extiende a los autónomos en su tributación por IRPF.
En el IVA, la subida de los tipos de gravamen a partir del 1 de julio de 2010. El tipo reducido que grava entre otros los alimentos en general (no los denominados de primera necesidad, como puede ser el pan común, frutas, verduras, hortalizas, leche y queso, que mantendrán el tipo del 4%), transporte de personas, hostelería, espectáculos y algunos otros, que pasarán del 7% al 8 %. El tipo general se elevará del 16 % al 18%.
El efecto recaudatorio previsto por el Gobierno por la implantación de las señaladas medidas impositivas asciende a 10.950 millones de euros, de los que 6.500 millones se obtendrían en el año 2010 y el resto en 2011.
Las medidas con mayor efecto previsto son claramente la supresión de la deducción de los 400 euros (5.700 millones de euros) y la elevación de tipos en el IVA (5.150 millones de euros). Al aumento de gravamen en las rentas del ahorro le corresponderían 800 millones de euros y la bajada de tipos para PYMES y autónomos producirán, según las previsiones, unos menores ingresos de 700 millones de euros.
Desconozco si en la previsión de incremento recaudatorio derivado de la elevación de tipos del IVA, se ha tenido en cuenta el efecto de elusión fiscal y de restricción de la demanda que siempre, en mayor o menor grado, produce este tipo de medidas. Al respecto, un representante de la Asociación de Inspectores de Hacienda, nos recordaba en días pasados que tras la última elevación de tipos de IVA en España, se produjo en los meses siguientes una reducción de la recaudación.
Junto a estas cifras globales, a cada uno de nosotros le preocupa el efecto en su bolsillo. Unos cuantos ejemplos pueden ser ilustrativos del impacto en las economías familiares. Los podemos ver en el cuadro adjunto. El comentario que hay que efectuar es claro. El efecto primordial es el que deriva de la supresión de la deducción de los 400 euros y con respecto a ello es evidente que salen peor paradas, comparativamente las familias en las que trabajan ambos cónyuges y aquéllas con menores ingresos. El aumento del gravamen del ahorro no tiene un efecto destacado ni en el análisis macro ni en el micro, salvo claro está en particulares contribuyentes con una tipo de renta muy marcado por los rendimientos del capital mobiliario o con unas importantes plusvalías. En este sentido debe tenerse en cuenta que para pagar 400 euros más por rentas del ahorro, debemos llegar a 23.000 euros por este concepto.
Además del efecto económico en las familias derivado del IRPF, debemos comentar el propio del IVA. A partir del 1 de julio del año próximo, para los consumidores los precios suben por el impuesto. Ello, en principio puede suponer una restricción de la demanda, lo que no parece muy conveniente en una situación de crisis caracterizada por un notable descenso del consumo. En todo caso el precio de los productos que consumamos subirá. Así las cosas, la renta gastada a igualdad de bienes y servicios adquiridos aumentará o, dicho de otra forma, con el mismo dinero podremos comprar menos. Por tanto tendremos menos renta disponible, porqué pagaremos más por el IRPF (y esto será inmediato ya nos retendrán más en nuestras nóminas y en el pago de intereses por los bancos) y además podremos adquirir menos por cuanto todo casi todo será más caro, por el efecto IVA.
En esta situación si los consumidores compran menos, los productores pueden verse obligados a bajar los precios para intentar recuperar el nivel de ventas. La recesión, en estas circunstancias, en mi opinión, continuará o, incluso se acentuará. Además el aumento de recaudación por el efecto IVA, puede quedar en entredicho, por la restricción de la demanda.
En definitiva hay más que luces sobre el escenario que ha diseñado el Gobierno para su Proyecto de Presupuesto Generales del Estado.
