La crisis marca hasta las relaciones sociales. El número de divorcios y separaciones ha caído en la Comunitat desde 2007. Pero también resulta igual de complicado mantener las condiciones económicas que en su día se pactaron cuando terminó la relación de pareja. Pedro lo conoce de primera mano. «En verano me quedé sin trabajo. Cobro 600 euros de paro y paso a mi ex mujer 280 euros por mi hija». Sólo las «ayudas familiares» le permiten seguir a flote.
Los procedimientos de modificación de medidas (tanto las consensuadas como las que no) no han dejado de crecer desde 2007. Así, de los 1.700 asuntos de hace dos años, una proyección estadística muestra que el ejercicio actual concluirá con unos 2.490 asuntos. Un incremento superior al 20% anual.
En este apartado se incluyen, aparte de las medidas económicas como las pensiones para la manutención de los hijos, otro tipo de compensaciones como el régimen de visitas o incluso el uso de la vivienda. La estadística no especifica cada uno de los supuestos.
No obstante, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex conseller de Justicia, Fernando de Rosa, explicó a LAS PROVINCIAS que el aumento de este tipo de procedimientos se puede vincular a la crisis económica con la reducción de pensiones.
Coincide en este análisis, el presidente de la asociación española de Abogados de Familia, Isidro Niñerola. «Este es un tema clarísimo». Además, subraya que no es el típico trabajador afectado por un ERE, «sino que los protagonistas también son profesiones liberales y empresarios». En la mayoría de los casos se trata de reducción de las pensiones alimenticias y también de las compensatorias, añadió el especialista.
Niñerola cifra el incremento de estos procedimientos entre el 25% y el 30%. Asunto diferente es que finalmente los magistrados acepten esta reducción. No suele ser lo habitual. «Debe demostrarse que se trata de una situación prolongada». Las circunstancias deben ser «estables y reales».
El abogado insiste en el cambio del perfil del solicitante. «Estamos viendo casos de empresarios, cuya situación de vida es ahora radicalmente diferente a la que tenía cuando se dictó la resolución judicial». Pero es necesario demostrarlo.
La caída de las rupturas matrimoniales muestran que no es buen momento para empezar de nuevo y para pagar un alquiler en solitario. En definitiva, para reconstruir una vida. Así lo prueban la estadísticas facilitadas. De 23.416 asuntos que los juzgados valencianos ingresaron en 2007 (divorcios, separaciones y nulidades), este año se cerrará el ejercicio con unos 21.722 casos.
La mayoría eligen la vía del acuerdo frente a la confrontación. Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2005, que introdujo la fórmula del divorcio exprés, ha hecho que muchas parejas opten por esta fórmula.
El paro afecta a todos por igual independientemente de su estado civil. Los separados y divorciados también conocen los rigores de la crisis. Desde la asociación Custodia Compartida confirman que está situación se está produciendo. Pedro dice que su caso no es el único. «Es lógico. Cada vez hay más gente en el paro y seguimos pagando lo mismo en pensiones».
Este padre pensó en pedir una modificación de medidas, pero por el momento se ha quedado en eso, en una intención. Su abogado le ha aconsejado que no lo haga. «Me han comentado que hasta que no se trata de una situación muy asentada no se suele aceptarse el cambio». Y él sólo lleva unos meses.
También en su caso, al disponer ahora de más tiempo libre, se plantearía -si decidiera dar el paso- pedir pasar más tiempo con su hija. No obstante, «todo es un círculo vicioso: al no tener dinero no me lo concederían», afirma.
La crisis ha deparado un significativo aumento «de reclamación de pensiones por alimentos en el caso de hijos no matrimoniales». Una situación a la inversa. La coyuntura exige que ambos progenitores aporten más que nunca su granito de arena.
Valencia acoge desde ayer las VI Jornadas nacionales de magistrados, jueces de familia, fiscales y secretarios judiciales. El congreso reúne hasta mañana a más de 170 especialistas de toda España, que analizan los problemas y retos en este ámbito.
