Los funcionarios de Oliva cobrarán las horas extras que realicen como ha venido ocurriendo hasta ahora. Para conseguir esto han tenido que acudir a los tribunales.
El gobierno local, compuesto por el PSPV y el Bloc, decidió a principios del verano pasado recortar los sueldos de los funcionarios para ahorrar en el gasto corriente. Entre otras medidas, el bipartito decidió que los trabajadores del Consistorio no cobraran las horas extras que realizaran y compensarlas con días libres.
Esta medida no agradó a los empleados que, en primera instancia, mostraron su desacuerdo a las autoridades municipales. Pese a que se abrió un periodo de conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo dado que el gobierno no dio su brazo a torcer.
Ante la actitud de los empleados, la Corporación llevó al pleno la propuesta y salió adelante con los votos del bipartito, como relató ayer Enri Gilabert, miembro de uno de los sindicatos.
Así pues se formó un Comité de Empresa que acudió a los tribunales, ya que consideraban que la iniciativa vulneraba sus derechos. El pasado mes de septiembre se celebró la vista y en la mañana de ayer se conoció el fallo que dictó el Juzgado de lo Social de Valencia.
El tribunal anuló la decisión plenaria que recortaba las minutas de los empleados, alegando que el Consistorio no puede tomar esta decisión de forma arbitraria y debe regirse por el convenio al que se llegó con los trabajadores en el año 2005.
Y es que, como añadió Gilabert, para modificar estas normas se tiene que reunir la mesa de formación compuesta por los empleados públicos y los representantes políticos: «No se puede omitir el convenio al que se llegó en 2005».
Para la representante, el gobierno sólo ahorrar «quitando derechos a los trabajadores». En ese sentido, añadió que las primeras 80 horas extras que se realizan al año se pueden cobrar o compensar, pero que en cualquier caso eso es una decisión del empleado, «nunca de la administración», según la Ley.
Pero el cobro de estos trabajos no es el único motivo que motivó a los empleados a acudir a los tribunales: «La iniciativa del gobierno pretendía también recortar las ayudas sanitarias».
Estas subvenciones que otorga el Consistorio sufragan una parte de los gastos médicos y de salud de los empleados: «Si por ejemplo compras unas gafas de vista te costean el 20%».
Para este capítulo las cuentas municipales debían destinar 6.000 euros, pero el gobierno decidió reducir esta partida en un 50%, añadió Gilabert. Esta consideración se tiene tanto con los empleados como con los cónyuges o hijos. Otro de los inconvenientes que encontraron los funcionarios fue la negativa del Consistorio de pagar a los funcionarios según su calificación y plaza y no atendiendo a la labor que desempeñaban.
Como detalló Gilabert, es una práctica habitual en todas las administraciones que los funcionarios acaben asumiendo labores que no se corresponden con su puesto de trabajo inicial por distintas razones, una de ellas puede ser el exceso de trabajo.
