El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró ayer que «aún hay hueco» para subir la tarifa eléctrica en España de cara a ajustarla al coste real, a la vez que reclamó la aplicación de un IVA reducido a la electricidad, frente al 16 por ciento actual.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Galán explicó que en España la factura energética media supone el 2,4 por ciento del presupuesto familiar frente al 5,6 por ciento de Reino Unido. Por ello, consideró que todavía existe margen para un aumento del precio de la electricidad.
Además, detalló que más del 50 por ciento de la factura de la luz se destina al pago de impuestos (28 por ciento) y a primas al régimen especial (24 por ciento).
El presidente de Iberdrola señaló que «apenas el 20 por ciento del recibo» va a cubrir los costes de generación y el 17 por ciento a la actividad de distribución.
Durante un encuentro informativo, celebrado en las instalaciones de Iberdrola en la central hidroeléctrica de Aldeadávila, en Salamanca, Galán indicó además que en España se quiere tener un tipo de energía cara pero no que la factura lo refleje. «Es justo lo que está provocando el déficit tarifario, que ya asciende a 15.000 millones de euros», puntualizó.
Galán comentó que España va a alcanzar entre 2009 y 2010 los objetivos eólicos fijados para 2012 (unos 18.000 MW) y que, mientras esta energía «produce mucho» y su nivel de prima es «razonable», otras tecnologías, como la termosolar, han multiplicado por diez las metas previstas -de 400 a 4.000 MW- e implicarían un encarecimiento del recibo de la luz del 10 por ciento. «Y ahí empieza el problema», apuntó.
En referencia a las centrales nucleares, subrayó que todas las tecnologías de generación «son necesarias» y que no se debe prescindir de fuentes menos costosas porque, a su juicio, se perdería competitividad.
De hecho, apostó por que las nucleares españolas se mantengan operativas «siempre que sean seguras». En su opinión, España no es un país más rico que los demás que sí están impulsando esta tecnología, como puede ser el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica o Italia.
Finalmente, aseguró que la construcción de nuevas centrales depende de la política energética que fije cada Gobierno, y destacó que si la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), tras realizar una auditoria exhaustiva de tres años, llegan a la conclusión de que una instalación está bien, esta debería seguir funcionando. «Lo demás son cuestiones políticas», concluyó.
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