El Gobierno negocia con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ligar la cuantía del Impuesto de Circulación de los vehículos a su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, confirmó ayer que el Ejecutivo y los ayuntamientos estudian esta opción dentro de los «incentivos» fiscales a la sostenibilidad ambiental que introducirá la futura Ley de Economía Sostenible.
Ocaña recalcó que se trata de una propuesta 'verde' sin afán recaudatorio, que podría suponer rebajas e incluso exenciones de pagos para algunos automóviles.
El responsable de Hacienda hizo este anuncio en Madrid, en la clausura de un seminario de fiscalidad organizado por el Club Español de la Energía.
En su intervención, Ocaña señaló que «tendría sentido que el impuesto de circulación estuviese ligado de alguna forma al impacto contaminante del vehículo», es decir, a su nivel de emisiones de CO2, en lugar de a la potencia de su motor. Fuentes de su departamento confirmaron que la idea «se ha tratado ya con la FEMP, que está a favor».
El primer paso, explicó el secretario de Estado, es llegar a un acuerdo con las entidades locales, y después plasmar la iniciativa en una propuesta que será remitida al Parlamento para su aprobación.
Ocaña resaltó que «esto no significa subir impuestos» y recordó, en ese sentido, que hace dos años el Ejecutivo ya estableció un baremo similar que relación las emisiones de carbono de los vehículos con la cuantía del Impuesto de Matriculación. Desde entonces, «de promedio, no se recauda más, pero hemos declarado a algunos coches exentos de abonar ese impuesto, es el mismo esquema en el que estamos trabajando», señaló.
Impacto mínimo
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, admitió que la medida está en estudio y que puede mermar los ingresos de los ayuntamientos. No obstante, subrayó que lo que está en juego «no es un problema de recursos, sino una posición de compromiso por una economía sostenible y contra el cambio climático».
Castro explicó que el Gobierno y el organismo que preside barajan distintas propuestas para compensar a los municipios. Entre sus peticiones figura subir del 95% al 98% las entregas a cuenta del Estado a los ayuntamientos, revisar los catastros y acelerar la ley de Financiación Local, para que esté lista el 1 de enero de 2011.
El impuesto de circulación no es el único «ajuste» fiscal a estudio con vistas a la Ley de Economía sostenible. El Gobierno está «pensando en introducir incentivos en actividades de eficiencia energética, promoción de energías renovables e I+D+I», detalló el secretario de Estado. En ese caso, los estímulos serían deducciones en el impuesto sobre las rentas de las personas físicas (IRPF) y en el impuesto de Sociedades que pagan las empresas.
El responsable de Hacienda declaró también que para el Gobierno es una «prioridad» de cara a la Presidencia española de la UE (primer semestre de 2010) impulsar una nueva directiva sobre fiscalidad de productos energéticos, que desglosará los tipos mínimos a aplicar sobre la energía consumida y las emisiones. Ocaña insistió en que el Gobierno no prepara ningún cambio en los gravámenes de las rentas del trabajo, pero dejó la puerta abierta a modular la deducción de los 400 euros en función de los niveles de renta.
