La recesión económica, que ha hundido a cientos de miles de empresas, y la lentitud con que el dinero fluye del sector financiero a la caja de autónomos y sociedades, han disparado en lo que va de año las peticiones de aplazamiento de deuda tributaria formuladas ante Hacienda. A fecha de 31 de julio de 2009, los ficheros de la Agencia Tributaria tenían registradas 789.100 solicitudes de prórrogas de pagos realizadas por 508.430 contribuyentes, por importe de 10.900 millones de euros. En todo 2008 hubo 659.300 peticiones, 130.000 menos, por importe de 9.764 millones.
Según datos de la Agencia Tributaria, las solicitudes corresponden en su mayoría a deudas por IVA, retenciones del IRPF e impuesto de Sociedades. Del total de peticionarios, 198.116 son empresas o personas jurídicas. Los 310.314 restantes son sobre todo autónomos. Hacienda señala que también hay una proporción mínima de personas físicas que piden prórroga en el pago de la Renta. Las cifras equivalen a 1,55 demandas por solicitante, dado que hay contribuyentes que presentan más de una demora. Algunos, según vence una deuda, piden prórroga para otras obligaciones.
El 70% serán aceptadas
De los 10.900 millones que suman los aplazamientos, Hacienda había concedido en la fecha señalada permisos para posponer 6.500 millones, casi el 60%. La Agencia Tributaria aclara que las concesiones se realizan con un retraso medio de un mes respecto de las solicitudes, por lo que a fecha de hoy es casi seguro que el porcentaje de aceptaciones ronde el 70%.
Los aplazamientos tienen un plazo medio de doce meses. Su importe medio asciende a 13.813 euros en el período analizado. Para Hacienda, estas operaciones suponen una fuente adicional de ingresos, pues el tipo de interés que aplica sobre las cantidades aplazadas es del 5,5%, muy superior al de la banca comercial. En 2007 el fisco ingresó por esos conceptos 169 millones, aunque entonces el tipo era mayor, del 7%. Para las empresas, retrasar el pago de impuestos es una buena manera de aliviar sus problemas de liquidez.
La Agencia Tributaria atribuye a «la mala situación económica» y a «la cerrazón» del sector financiero el vertiginoso crecimiento este año de las solicitudes de moras. Por ese motivo, señala, ha «flexibilizado» las condiciones que impone para acceder a los retrasos. Hasta 2008, la posibilidad de aplazar deudas con el fisco dependía de que la empresa pudiera presentar garantías (casi siempre aval bancario) y pruebas de viabilidad del negocio. Sólo las cantidades inferiores a 6.000 euros se podían demorar sin aval. Tras la quiebra en septiembre de Lehman Brothers, que provocó el pánico en el sector financiero, Hacienda apreció un aumento de las empresas incapaces de cumplir sus obligaciones y tomó medias. En octubre, anunció medidas menos rígidas y permitió sustituir los avales por otros activos. Ya en 2009, amplió a 18.000 euros la cuantía máxima a dilatar sin aportar garantías -margen que cubre casi el 90% de las peticiones- y redujo el interés del 7% al 5,5%. El objetivo, aseguran fuentes consultadas, era «favorecer los aplazamientos» y evitar embargos y quiebras.
Los 6.500 millones de euros en aplazamientos concedidos son sólo una parte de la deuda pendiente con Hacienda a comienzos de agosto, que en total ascendía a 36.100 millones. Entre ellos, hay 12.300 millones en deuda garantizada, aunque pendiente de resolución judicial; 1.800 millones corresponden a cantidades vinculadas a quiebras de empresas; otros 9.500 millones, a embargos en fase de ejecución; y 6.000 millones, a procesos de notificación.
