Sentencia tras sentencia los tribunales están derribando la estrategia impulsada por el Gobierno desde 2004 para frenar el crecimiento urbanístico en la Comunitat. El último caso ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ) de no aceptar la paralización cautelar de Nou Mil·lenni pedida por el Ejecutivo, un plan que prevé construir 12.000 viviendas en Catarroja, en un auto conocido el jueves.

Ese mismo día se conoció la decisión del TSJ de respaldar el Plan General de Carlet, impugnado por el Ejecutivo hace dos años.

La petición de paralización de Nou Mil·lenni no es un hecho aislado. Desde la toma de posesión de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, especialmente durante la época de Cristina Narbona, se ha dedicado a llevar a los tribunales numerosos planes urbanísticos, bien a través de la Delegación del Gobierno, bien por medio de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Hasta el momento el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha impugnado en la Comunitat más de 80 actuaciones urbanísticas que implican la construcción de miles de viviendas. En 35 casos la sentencia o el auto judicial ha rechazado el recurso (desestimándolo o considerándolos inadmisible). El resto está pendiente de resolución.

En el caso del Plan de Actuación Integrada (PAI) de El Pinaret de Ador, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) logró una sentencia favorable, que posteriormente fue revocada.

El pasado mes de junio el Gobierno consiguió una nueva sentencia favorable, aunque recurrible. El TSJ anuló el PAI El Algar en el municipio alicantino de La Nucia. El tribunal argumenta que no hay suficientes recursos hídricos en el municipio para atender el abastecimiento de agua que demandaría el incremento de población.

Los tribunales, en cambio, ya han dado luz verde a algunas de las principales actuaciones urbanísticas promovidas en la Comunitat durante los últimos años.

El rechazo a la suspensión cautelar Nou Mil·lenni coincide con la aprobación del concurso de acreedores al que estaba sometida Llanera, que junto al Instituto Valenciano de la Vivienda, es el promotor de la actuación.

El auto del tribunal es especialmente significativo, ya que acepta como válidos los informes sobre suficiencia hídrica de organismos autónomos y no únicamente oficiales.

Desde el Ejecutivo, por el contrario, se considera que los informes de la CHJ, en los que se basa para alegar que no hay suficientes recursos, son los únicos que certifican con garantías que hay suficientes recursos hídricos en una zona determinada.

No es esta la posición de los jueces. Tal y como sostiene la Conselleria de Medio Ambiente, los tribunales estiman que el informe de la Confederación Hidrográfica es preceptivo pero no vinculante.

Además, Medio Ambiente considera que los estudios que emiten las entidades colaboradoras son válidos para garantizar los recursos hídricos en los programas urbanísticos. Fuentes de este departamento señalan que lo importante es que cuando se ejecute el plan existan las infraestructuras y recursos necesarios para realizar el abastecimiento.

De hecho, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, calificó de «pique» político entre los Ejecutivos central y autonómico la decisión de impugnar los planes por falta de agua. Además, explicó que desde ahora (junio de 2009), los criterios de la Sala iban a cambiarse de forma que se fallaría en función de que el informe sobre los recursos estuviera o no razonado y especificara la existencia de agua, la calidad, el tipo y la disponibilidad presente y futura.

La política seguida por el Gobierno ha tenido, además, consecuencias de carácter económico. La mayor parte de los planes impugnados fueron impulsados en el marco de una economía en crecimiento. Su bloqueo ha supuesto que en muchos casos las empresas promotoras hayan recibido el permiso para actuar en plena crisis económica. Muchos de ellos se encuentran ahora paralizados.

Planes emblemáticos

El Ejecutivo ha impugnado los planes más emblemáticos de la Comunitat. La CHJ llegó, incluso, a pronunciarse en contra de la construcción del Parque Central en Valencia, una obra promovida por el Ministerio de Fomento.

Los tribunales han desbloqueado el Plan Porchinos, en Ribarroja. El pasado mes de marzo el TSJ desestimó el recurso del Gobierno y aprobó el proyecto que contempla la construcción de 2.600 viviendas y la Ciudad Deportiva del Valencia.

El Ejecutivo también intentó frenar el Plan de la Bega (Manhattan de Cullera). La actuación recibió en abril de 2006 el aval judicial. Está previsto que se construyan 33 torres de 25 alturas (unas 5.000 viviendas), un hotel de 40 plantas, un puerto deportivo y otro pesquero.

Otro plan que ha encontrado la oposición del Gobierno es el de Rabasa, en la ciudad de Alicante. Prevé construir 13.500 viviendas y la Confederación considera que no tiene agua suficiente. Se está a la espera de una resolución judicial.

En Castellón el Gobierno ha recurrido ante los tribunales 15 planes urbanísticos que implican la construcción de más de 12.000 viviendas. El TSJ se ha manifestado en contra de las peticiones del Ejecutivo en 10 ocasiones.

El alto tribunal aún tiene que pronunciarse sobre otros cinco planes; la modificación de las normas subsidiarias de Xilxes y la Pobla de Tornesa, el plan San Rafael Golf, Sant Jordi Golf y el PGOU de Fuentes de Ayódar.