El Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, gobernado por Esquerra Unida, desea agotar el último cartucho antes de que el conflicto topónimo se diluya de manera definitiva. Cuando parecía que la pugna entre los partidarios de Castelló de la Ribera y Villanueva de Castellón había finalizado a favor de estos últimos, el recurso de amparo presentado por el gobierno local ante el Tribunal Constitucional deja abierto un último resquicio para el cambio del nombre.

Todo comenzó en 1994, con el PSPV al mando tanto de la localidad de la Ribera Alta como de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa Esther Guardiola inició un trámite que fue aprobado por el pleno para que la población, hasta ese momento llamada Villanueva de Castellón, pasase a denominarse Castelló de la Ribera. Posteriormente, el presidente del Consell, Joan Lerma, apoyó este cambio con un decreto que generó las primeras quejas de los vecinos. Este tema, a finales de los 90, alcanzó su punto máximo de ebullición con enfrentamientos aunque todo quedó en palabras más altas que otras.

A partir de ese momento, y hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dijo lo contrario, la localidad llevó esta denominación: Castelló de la Ribera.

La entrada del PP en el Gobierno de la Generalitat marcó un cambio a la hora de afrontar la cuestión. El Gobierno dirigido por Eduardo Zaplana se allanó, se retiró de la cuestión. Esto provocó que en 2005 el TSJCV estimara el recurso de la plataforma Pro Referendum tras la retirada del Consell.

Recursos sin éxito

A partir de ahí, y con gobiernos locales dirigidos por formaciones de izquierdas, EU o PSPV, comenzaron una serie de recursos municipales que no han tenido éxito hasta el momento.

Tras decidir recurrir ante el Constitucional, el alcalde del municipio, Alfred Gregori, reconoció ayer, en declaraciones a LAS PROVINCIAS que han presentado un recurso que tiene «pocas posibilidades» de prosperar, «pero si hay alguna, ¿por qué no debemos agotarla». El primer edil justificó la decisión en que «no se ha entrado a discutir el fondo del tema. Sólo pedimos que se discuta. Es una opción que tenemos y por eso hemos decidido ejercer este derecho».

Por su parte, Juan García Sentandreu, abogado de los vecinos de la plataforma Pro-Referendum partidarios del topónimo Villanueva de Castellón, señaló que la presentación del recurso ante el Constitucional «supone reabrir una herida que esperábamos fuera cicatrizando. Supone además el incumplimiento de la palabra del propio alcalde, quien había dado por cerrado el tema. Sólo pretende vivir instalado en el conflicto y en la crispación por una necesidad discutible».

Además, discrepó de las manifestaciones de la primera autoridad local sobre que no se ha discutido el fondo del asunto. «Se ha discutido desde el principio. El decreto socialista que permitió el topónimo hablaba de que había razones históricas y lingüísticas. Y no hay ni unas ni otras. Históricamente nunca ha sido Castelló de la Ribera, por lo que no puede serlo. Además, lingüísticamente, la traducción sería Vilanova de Castelló y nunca Castelló de la Ribera».

Sigue abierto pues un episodio que lleva más de 15 años en el primer plano de la actualidad aunque ya se adivina el final del conflicto.