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RSS | ed. impresa | Regístrate | Martes, 29 mayo 2012

C. Valenciana

NICOLÁS SÁNCHEZ PRESIDENTE DE CONCAPA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El responsable defiende la apuesta de las familias de asumir el coste en las materias educativas a las que el Consell no dé prioridad
06.09.09 -

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«Si los padres quisieran, en sólo dos meses se eliminarían los barracones»
Nicolás Sánchez, en un momento de la entrevista. /IRENE MARSILLA
A cada comienzo de curso, las viejas batallas aletargadas en el descanso estival abandonan el sueño de los justos para reclamar su papel en la vida educativa. Las asociaciones de padres de colegios católicos también tienen reivindicaciones enquistadas y reclaman a la Administración igualdad en el reparto de las ayudas.
-¿Son suficientes los conciertos escolares?
-No, son cicateros. Si no cubren las remodelaciones de edificios, ni el mobiliario... pues los padres nos vemos obligados a tomar la iniciativa y acometerlo con nuestras aportaciones económicas. Si de verdad los padres quisieran, en solo dos meses se eliminarían los barracones.
-Pero hay rentas familiares que no lo pueden asumir.
-La Generalitat tiene muchos frentes abiertos y está claro que no puede llegar a todos con la misma celeridad. Pues si en el colegio hacen falta 20 ordenadores para nuestros hijos y no los recibimos desde la Administración, tendremos que ser los padres los que hagamos frente a ese gasto. Siempre voluntariamente, cada uno que aporte de acuerdo a sus posibilidades.
-Esa postura no la pueden adoptar todas las familias.
-A mí, como padre, lo que más me importa es ofrecerles a mis hijos una buena educación, y si para eso tengo que detraerme de unas vacaciones para aportar dinero para que en su colegio haya una enfermera escolar, por ejemplo, lo hago encantado.
-Año tras año 6.000 niños se quedan sin plaza en los colegios católicos.
-Es intolerable. La Administración debe garantizar que esos padres vean reconocido su derecho a elegir la educación de sus hijos. Que respondan a esa demanda.
-Tampoco se les reconocen las ayudas de comedor y transporte.
-Es una discriminación y por eso hemos interpuesto dos recursos contencioso-administrativos. El dinero debe repartirse entre quienes lo necesiten, sean padres que llevan a sus hijos a un colegio público o a uno concertado.
-¿Educación para la Ciudadanía (EpC) va a seguir siendo la protagonista el próximo curso?
-Esperemos que no. Nunca he entendido la oposición que encontró la propuesta de darla en inglés.
-¿Por qué?
-Padres, profesores, sindicatos... todos estamos de acuerdo en introducir el inglés poco a poco en la enseñanza. Pero, llegado el momento, se eligió una asignatura muy propicia para ello y el resultado fue un enfrentamiento brutal a la decisión del conseller desde algunos sectores. Es incomprensible.
-Quizá se podría haber escogido otra menos polémica.
-El problema es que algunos han visto en todo este asunto una cuestión política y en la decisión de Font de Mora un boicot al Gobierno socialista.
-¿Una huelga de enseñanza es una cuestión política?
-La huelga del 28 de abril no tuvo ni pies ni cabeza. Pero las huelgas educativas siempre han sido muy fáciles, cualquier excusa es buena para no ir a clase.
-¿Por qué los tribunales avalan el modelo de Ciudadanía propuesto por la Comunidad de Madrid y el de aquí lo tumban?
-Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado lo hizo el gobierno Camps hace dos años, y si me apuras más. Nuestro modelo es más tolerante que el de Madrid, pero aquí nadie lo impugnó. Y además fue un paso más allá al aprovechar el momento para avanzar en el sistema plurilingüe. Y ahí es donde surge el conflicto, en que Ciudadanía se impartiera en inglés.
-Durante algún tiempo, los padres católicos creyeron que el modelo de Esperanza Aguirre iba a dar cobertura a los objetores de conciencia o a ofrecer una asignatura alternativa.
-No es así para nada. El Gobierno valenciano ha hecho más por los padres católicos que el de Aguirre.
-¿Tan peligrosa es EpC?
-Lo que es peligroso es cómo se imparta en función de los manuales que se utilicen. Pero el Supremo ha sido muy claro: los profesores bajo ningún concepto, ni siquiera amparados en la libertad de cátedra, pueden adoctrinar a los jóvenes. Y las cuestiones de valores y creencias en las que no hay un consenso social amplio deben explicarse con una objetividad exquisita. Con eso, está todo dicho.
-Si no hay peligro, ¿por qué se oponen?
-Porque es una materia completamente absurda que no debería haberse aprobado nunca. Los contenidos ya se estudian de forma transversal en otras asignaturas.
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