Arrojar vertidos residuales a un parque natural es un delito. En Sueca, los vecinos ya han salido a las calles en varias ocasiones para protestar por la escasa salubridad de las aguas de la playa de la Motilla. La Unión Europea condenó al Gobierno español en 2007 por incumplir la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales en este punto del litoral valenciano.

El proceso ante el Tribunal se inició en 2005, después de que la Comisión Europea abriese en 2001 un procedimiento a raíz de una denuncia de vecinos de Motilla que alertaba sobre la contaminación de las aguas de baño.

Los jueces europeos dieron la razón al Ejecutivo comunitario y consideraron que España no tomó las medidas necesarias para garantizar que los residuos fueran sometidos a un tratamiento adecuado antes de llegar al mar. En realidad, en la Unión Europea actúan tras una denuncia de lo svecinos. Y no han actuado en otros puntos del litoral porque no ha habido otras denuncias.

Más al interior, las alcaldesas de Alzira y Alpuente, Elena Bastidas y Amparo Rodríguez, por permitir que se vertieran aguas residuales al río Júcar y al río Tuéjar. Más de dos años de prisión podían caerles por estos delitos.

Bastidas, imputada, declaró a petición del fiscal a finales del año pasado en el marco de unas diligencias abiertas en 2006 como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La edil de Alzira está siendo investigada por vertidos de aguas sin depurar en el río Júcar entre 2004 y 2006. Los hechos supuestamente delictivos se concretan en el colector que daba servicio al polígono industrial del Tulell y que vertía directamente en el citado río sin que antes mediara ningún proceso de depuración de las aguas residuales. «No existía sistema de tratamiento de residuos y todo llegaba directamente al cauce del Júcar», explican fuentes del Ministerio Público.

La Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de los hechos al Ayuntamiento, pero éste delegó la responsabilidad de solucionar el problema en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue entonces cuando la CHJ acudió al juzgado ante la persistencia del problema. El instructor ordenó que se tomaran muestras y requirió un informe al Instituto de Medicina Legal para determinar la toxicidad de los vertidos. El forense ecotoxicólogo confirmó que los vertidos «podían causar grave daño al medio ambiente».

400 municipios

La Comisión Europea ya abrió un expediente contra España al constatar que más de 400 localidades del país no disponen todavía de un sistema de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa medioambiental comunitaria. El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. El caso podría acabar ante el Tribunal de Luxemburgo.

Stavros Dimas, el comisario de Medio Ambiente, se ha declarado «muy preocupado» por que «en un Estado miembro donde el agua es un recurso escaso y precioso, un gran número de localidades vierten a los ríos y al mar, incluso en zonas sensibles, aguas residuales que no han sido tratadas correctamente». Por eso ha pedido a España que adopte las «medidas inmediatas para remediar esta situación».

La Comisión ha lanzado dos ultimátum a las autoridades españolas en dos casos concretos y similares de vulneración de la directiva de 1991 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.