Beniparell ha sido noticia en los últimos días por la puesta en marcha de una nueva ordenanza municipal que prohibe mantener relaciones sexuales en la calle bajo multas de hasta 350 euros. Pero la peculiaridad es que mientras la localidad de l'Horta Sud ha optado por penalizar la práctica del sexo callejero (alegando escándalo público), la mayoría de los alcaldes de las poblaciones valencianas se decantan por argumentar que el ruido y el bullicio que genera este tipo de actividad molesta seriamente a los vecinos.

Aunque la normativa de Beniparrell vale en principio para todos: desde las fogosas parejas de novios que carecen de un lugar para sus encuentros hasta los exhibicionistas, la intención real de este Ayuntamiento con la medida es la de acabar con la prostitución callejera, que ha convertido el área de servicio junto a la pista de Silla en un auténtico lupanar.

La medida, controvertida de por sí, ha gozado de buena acogida entre los vecinos pero no está exenta de críticas. Y lo cierto es que la norma adoptada por Beniparrell se ha barajado, analizado y discutido en la práctica totalidad de los Ayuntamientos de la Comunitat, aunque casi siempre basándose en problemas de ruido o de orden público

En Valencia, los intentos por aplicar la normativa sobre prostitución callejera han supuesto una agria polémica en los últimos años. El 29 de diciembre de 2005 se aprobó una ordenanza donde en el artículo 4 se sancionaba «la prestación de servicios de naturaleza sexual en espacios públicos a cambio de contraprestaciones económicas, siempre y cuando altere la tranquilidad y/o seguridad de los ciudadanos». Pero en los años siguientes se ha intentado endurecer la normativa de forma consensuada incrementado las multas para estas prácticas, algo que aún no se ha conseguido. El grupo socialista y Esquerra Unida presentaron textos alternativos y la Federación de Vecinos alegó también contra las multas a las prostitutas. Se trata, sin duda, del principal escollo para lograr un pacto político, aunque eso es lo que persigue el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez.

Pero el anuncio de las sanciones también ha servido para reducir algo la presencia de prostitución callejera, que ha quedado reducida a algunas calles del centro de Valencia (el llamado barrio chino, entre Guillem de Castro y Barón de Cárcer) la antigua carretera Nazaret-Oliva, en la parte que discurre entre dicho barrio y la depuradora de Pinedo y a lo largo de la ronda sur, antes de llegar a la rotonda de l'Assut de l´Or e incluso en la misma rotonda.

Alterar la tranquilidad

Castellón tiene una normativa muy similar a la que rige en Valencia. Se trata de la llamada Ordenanza de Convivencia Ciudadana aprobada el 2 de noviembre de 2008. En el artículo 30 de este texto se dice: «Será sancionable la promoción, favorecimiento, contratación o prestación de servicios de naturaleza sexual en espacios públicos a cambio de contraprestación económica, siempre y cuando altere la tranquilidad y/o seguridad de la ciudadanía, ya sea por la perturbación que imposibilite o dificulte el tránsito de peatones y/o vehículos o por la producción de molestias incompatibles con el descanso».

Alicante, no sólo carece de ordenanza, sino que es una ciudad permisiva con la prostitución mientras sanciona con dureza el botellón imponiendo multas de 500 euros. El Consistorio, además, colabora con una asociación que trabaja por la reinserción social de prostitutas.

El verdadero meollo de la cuestión está en que deben ser los gobiernos locales los que arbitren normativas para regular la prostitución ante la ausencia de una ley estatal sobre el asunto. El pasado año, el Gobierno central y el Govern catalán estudiaron la posibilidad de consensuar una legislación común.

La consellera de Interior, Montserrat Tura, se entrevistó con el ministro José Antonio Alonso, para revisar los textos legislativos que se deberían adaptar para hacer efectiva la propuesta de prohibir la prostitución en plena calle.

No en vano Barcelona fue pionera en España en multar con 750 euros (3.000 si llegan a mantener relaciones en la vía pública) a quienes buscan sexo en la calle. Las prostitutas pueden ser sancionadas con 750 euros por ofrecer servicios de forma reiterada.

Los municipios catalanes son los que más medidas han tomado contra la oferta de sexo callejero. Este año, el alcalde de Reus se comprometió a «analizar el tema en profundidad desde todas las perspectivas y aprobar una normativa consensuada».

La población catalana de Alcarràs aprobó en marzo, por unanimidad, prohibir la prostitución en espacios públicos del municipio. La norma es idéntica, excepto en la cuantía de las multas, a la que entró en vigor en febrero en Lérida.

Ordenanzas que han proliferado por toda España en los dos últimos años. Capitales como Granada, Sevilla o Almería también han adoptado medidas para desterrar las transacciones carnales de sus términos municipales. Ibiza ultima un texto municipal sobre el mismo asunto. La primera edil detalló que la norma «prohibirá que se pueda ofrecer y demandar el servicio» en la vía pública.