El intento de instalar cámaras de vigilancia en la vía pública siempre ha generado polémica porque este sistema entra en contracción con el derecho a la intimidad.

Uno de los últimos casos se produjo hace unos meses en el instituto Abastos. El vandalismo y los continuos destrozos del mobiliario del centro docente conllevó a la dirección a instalar cámaras en los pasillos del edificio y en los baños. Este último enclave levantó el enfado de padres y alumnos que aseguraron que se estaba atentando la intimidad de los estudiantes. Tras la presión del alumnado y la inspección de la Conselleria de Educación, la dirección del centro optó por retirar las cámaras de vídeo.

La Agencia Española de Protección de Datos también cuestión la legalidad de las cámaras.

En anteriores ocasiones, el Ayuntamiento de Valencia ha intentado colocar cámaras de videovigilancia en la calle para garantizar la seguridad, pero siempre ha desestimado la propuesta por primar el derecho a la intimidad de las personas.

Uno de los proyectos que tiene en marcha la Policía Local de Valencia es instalar cámaras en el antiguo cauce del Turia para ofrecer seguridad a los usuarios. El proyecto se ejecutará con los fondos del Plan Confianza del Consell. De momento está en marcha.