Socorrer a su compañero de trabajo le ha salido muy caro a un alguacil de Benirredrà. El funcionario ha sido suspendido de empleo durante seis meses por llevar a otro empleado público al centro de salud más próximo al ver que le sobrevino un ataque de ansiedad tras mantener una discusión con la alcaldesa del municipio, Cristina Gutiérrez.

Y es que la máxima autoridad de Benirredrà, según denuncia el PSPV, acusó a uno de los trabajadores públicos del pueblo de «apropiarse de comida el día de las elecciones europeas». La portavoz del PSPV, Loles Cardona, explicó que el día de los comicios «se prepararon paellas y pastel para que comieran las personas que estaban en las mesas».

«Inexplicablemente la alcaldesa acusó al funcionario de llevarse comida y le riñó con malos modales delante del alguacil». La discusión, añadió Cardona, generó en el empleado de 55 años un malestar que derivó en un ataque de ansiedad. «Ante esto el alguacil de 65 años que presenciaba la fuerte discusión no dudó en acompañar a su compañero al centro médico más cercano».

Allí el personal sanitario le diagnosticó un ataque de ansiedad. Una vez volvió el alguacil que llevó al compañero se topó con la alcaldesa nada más entrar al Consistorio, apuntó Cardona. «En este momento la alcaldesa no dudó en enfrentarse al empleado y le preguntó por qué se había ausentado de su lugar de trabajo sin su permiso».

El alguacil contestó a la máxima autoridad que su «función era socorrer a su compañero o a cualquier persona que estuviera pasándolo mal». Estos argumentos no fueron suficientes para Gutiérrez y le recordó que para «ausentarse de su lugar de trabajo» tenía que pedirle permiso sólo a ella.

La alcaldesa consideró inadecuada la actitud del alguacil del pueblo y decidió abrirle un expediente disciplinario y suspenderle empleo acusándolo de «insultos y vejaciones».

«El trabajador estará seis meses sin desempeñar su labor cuando ha sido un empleado ejemplar, tanto en su cargo de alguacil ahora, como en su labor de policía anteriormente», comentó la socialista. La suspensión de empleo es una medida cautelar, como señaló Cardona, hasta que se resuelva el expediente. Generalmente este tipo de conflictos debe aclararlos el alcalde, pero en este caso, añadió Cardona, Gutiérrez ha tenido que delegar en una concejal del gobierno por estar implicada.

La encargada de solucionar el incidente será Luisa Julio, regidora de Cultura y concejala del Partido Popular de Benirredrà. Ahora la edila tiene los seis meses por delante para dar una solución al problema. La conclusión que podría adoptar la concejala puede ser de muchos tipos, desde apartar al empleado de su trabajo hasta la suspensión de empleo y sueldo del funcionario por una larga temporada.

Pero todo hace pronosticar que eso no será así. El alguacil expedientado tiene 65 años y le quedan seis meses para retirarse. Por tanto, cuando el caso se aclare ya habrá entrado en la jubilación.

Ante estos hechos el PSPV de Benirredrà ha solicitado al gobierno local que se celebre un pleno extraordinario para «aclarar lo acontecido». Consideran que la actitud de la alcaldesa demuestra su «abuso de poder» sobre los empleados.

Este periódico intentó ponerse en contacto con Gutiérrez ayer en repetidas ocasiones, así como con Luisa Julio, pero no fue posible.