Diez días de caminata y cerca de 400 kilómetros andados. La marcha de parados con hipoteca que salió desde Valencia el 16 de junio llegó ayer a Madrid. El objetivo está cumplido: entregar en el Congreso de los Diputados una petición para reclamar un aplazamiento de dos años en el pago de las hipotecas de los desempleados, para evitar así desahucios.

La marcha la iniciaron una veintena de desempleados, en su mayoría inmigrantes, para llamar la atención sobre la situación de muchas familias hipotecadas que se enfrentan a desalojos, desahucios y a la subasta de sus viviendas al no poder hacer frente a los pagos. A la capital de España solo han llegado doce, según señala Edgar Constante, presidente de la Asociación Juan Montalvo, organizadora de la iniciativa. «Ha sido muy duro y algunos de los participantes se lesionaron, sufrieron ampollas en los pies o problemas musculares y muy a su pesar tuvieron que renunciar», explica Constante.

No obstante, los doce que finalmente lograron llegar a Madrid fueron recibidos por casi un centenar de personas de asociaciones de apoyo al inmigrante y por diputados del PSOE, PP e IU, así como por la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado.

«El Gobierno ha entregado grandes cantidades de dinero a los bancos, pero los que verdaderamente están asfixiados son los parados que no pueden hacer frente a las letras», señala Constante. Por eso, en las reivindicaciones que entregaron a los diputados -y que formalizarán hoy por registro de entrada en el Congreso- la asociación reclama una moratoria de dos años, «un tiempo que permitiría a los afectados encontrar un empleo y evitar así el desahucio».

Otra de las peticiones demanda la fiscalización de entidades bancarias, inmobiliarias, tasadores o notarios para que no se sobrevalore el precio de la vivienda. «No se puede permitir que los bancos se dediquen a montar inmobiliarias para seguir haciendo negocio ahora con los alquileres», denuncia Constante. También se pide que se controle el precio del suelo o que se delimite el endeudamiento al 30 por ciento de la capacidad de crédito de la persona y en un plazo máximo de 20 años.

Doce horas de caminar cada día, en los que han recibido el apoyo de los municipios que atravesaban «a excepción de un alcalde de un pueblo de Cuenca que se negó hasta a darnos agua», denuncia Constante.