5.500 funcionarios del Ayuntamiento de Valencia han sido convocados por los sindicatos para participar el próximo viernes en una manifestación ante la Delegación del Gobierno. «El delegado nos quiere arrebatar los conceptos de productividad que teníamos, derechos adquiridos desde los 90 y no lo vamos a consentir», afirmó ayer el portavoz del CSI-CSIF, Juan Martínez.

Los sindicatos aseguran que Ricardo Peralta intenta impugnar el convenio laboral aprobado el año pasado por los funcionarios al considerar ilegales las ventajas de los empleados municipales.

Ante esta amenaza a sus derechos, los funcionarios han decidido manifestarse este viernes ante la delegación del Gobierno. «No queríamos realizar la protesta en pleno periodo electoral, pero no nos queda otra opción porque el delegado no quiere recibirnos», añadió Jesús Giménez, el portavoz del sindicato STA.

El resto de sindicatos CC.OO. y UGT no secundarán esta protesta porque no están de acuerdo. «Nuestra intención es evitarla, dialogar y pelear por el derecho a la negociación colectiva», indicó ayer Juan Martínez.

Uno de los perjuicios de la impugnación del convenio es que los funcionarios perderán entre 150 y 300 euros mensuales, así como ayudas sociales, descuentos en material sanitario o becas de estudios para sus familiares. «Sabemos que nos encontramos en plena crisis económica y que hay muchos recortes, pero nosotros no tenemos la culpa y los trabajadores no deben pagar la situación económica que hay en la ciudad», afirmaba Jesús Santos, portavoz del sindicato SPPLB.

Los sindicatos esperan que se concentre el mayor número de funcionarios «porque cuando nos tocan los bolsillos a todos nos preocupa», aseguraba Santos.

Los sindicatos insisiten en que el convenio colectivo del Ayuntamiento de Valencia es el modelo de seguir en los ayuntamientos de ciudades de la provincia.

Ante la denuncia de los sindicatos, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguró al instante que él no había solicitado la suspensión del convenio. «Lo único que hemos pedido es que un juez determine si esos acuerdos suscritos por el Ayuntamiento de Valencia se sujetan a la ley. Y a la ley estamos obligados todos, especialmente las Administraciones". En este sentido recordó que la Delegación del Gobierno tiene la capacidad y la obligación de controlar que los actos de las Administraciones locales se ajustan a la legislación. Ahora será un juez el que dirá si esas decisiones del Ayuntamiento son legales o no".

Peralta también dijo que le parecía significativo que ni CC.OO. ni CGT no secunden la propuesta.