A preguntas de una diputada, nuestra Consellera de Cultura ha reconocido, el pasado tres de marzo, como la gran mayoría de ayuntamientos han incumplido de forma clara sus obligaciones, ya que pese existir la obligación legal de aprobar planes especiales de protección para sus bienes de interés general, tan solo 18 municipios valencianos lo han hecho, afectando a un total 32 bienes inmuebles.

He hecho una estimación sobre mis datos, un tanto desactualizados, según el inventario que tengo en todo nuestro territorio tenemos 816 bienes inmuebles de interés cultural, repartidos así: 260 en la provincia de Castelló, 244 en la de Alacant y, finalmente, 312 en la provincia de València. En cuanto a su forma física, encontramos centros o conjuntos históricos, palacios, iglesias, monasterios, castillos, torres defensivas, ermitas, santuarios, y otras clases inmuebles. La respuesta, realizada en sede parlamentaria, destaca que se ha insistido i enviando circulares, e indicando que la Generalitat, respetando la autonomía municipal, no puede hacer más.

Por otro lado, la Conselleria, en su respuesta, recuerda como por ley dicha administración pone a disposición de los ayuntamientos que lo solicitan, la ayuda técnica necesaria para poder elaborar los planes especiales de protección, opción esta última, que por lo visto no ha sido utilizada de forma general.

En la practica ese incumplimiento, claro y consciente en la mayoría de cosos, genera una gran permisión urbanística, a la hora de edificar en los entonos de los bienes protegidos, cosa que he ido comprobando en muchos lugares, de forma tal, que al final, el bien protegido queda rodeado de un todo un conjunto de elementos contradictorios con los valores que se protendia proteger, afectando de forma negativa al paisaje. Así como ejemplo, por citar un caso muy claro, tememos el caso del Monasterio de San Jerònim de Cotalba, al que se la adjuntado un polígono industrial.

La ausencia de planes viene a ser ya un problema generalizado. Una cosa es la autonomía municipal, y otro, bien diferente, que escudándose en la misma se vulneren principios constitucionales y leyes, como la de patrimonio cultural. Estamos, pues, ante un problema sin color político, pues los intereses egoístas se imponen a los generales, siendo los incumplimientos de gobiernos locales de todos los signos y siglas.

Nuestras instancias superiores no pueden limitarse a enviar circulares recordar obligaciones que están en las leyes. Algún paso más debería de darse. De no ser así, las declaraciones de protección de poco pueden servir.