No querías caldo... Al final va a tener razón Mariano Durán, uno de los tres auditores del Levante, cuando dice que lo que está ocurriendo en el club granota es propio de una película de Berlanga o de Santiago Segura. Desde luego, argumentos hay para que la comedia alcance límites de lo absurdo e incomprensible. El último capítulo tiene mucha miga pero poca lógica. El Levante recibió ayer un comunicado del Consejo Superior de Deportes en el que viene a decir que en dicho organismo no hay constancia del traspaso accionarial que, supuestamente -porque Jesús Serna sigue encerrado en su silencio-, ha convertido a José Rabade Fernández en nuevo propietario de la entidad. Es más, advierte que, según la Ley del Deporte, si Rabade o algún otro quiere adquirir más del 25 % del capital social de la entidad debe solicitar «autorización previa» al CSD, cuestión que, por otro lado, Julio Romero y Jesús Serna se saltaron en diciembre de 2008.

Lo curioso del caso es que esa notificación llegó a la sede del club ayer por la mañana y dirigida al presidente, el «desaparecido» Jesús Serna. Apenas una hora después, un miembro del equipo de José Rabade Fernández daba una versión que entra en ligera contradicción con la idea que se desprende del aviso del CSD, dejando claro por un lado que se saltaron la autorización previa y que, por otro, no se ha recibido respuesta alguna. «Rabade compró las acciones el 8 de mayo y se notificó al Consejo Superior de Deportes el día 18. No teníamos que recibir autorización, se da por hecho cuando hay silencio. El CSD ha actuado con exceso de celo».

El CSD se apoya en un recorte de prensa que habla de la compra de Rabade -no menciona la notificación que argumenta el empresario gallego- y advierte que en el caso de que no se cumpliera la reglamentación, la adquisición sería declarada nula. Eso, al fin y al cabo, es una de las líneas en las que trabaja la administración concursal que persigue anular aquel traspaso de Romero a Serna.

En este panorama tan extraño se encuentra actualmente el Levante, con un consejo suspendido de facultades por el juez, con los auditores trabajando a corto plazo en resolver el cierre presupuestario de esta temporada mientras que a largo plazo mantienen viva la pelea accionarial de ese 74 % que dice ahora poseer José Rabade, un hombre que desde Sevilla asegura estar buscando soluciones para salvar al Levante cuando ni se ha puesto en contacto con los administradores judiciales -pese a no conocerlo ya hay tanta tirantez como con López Lara- ni sabe con certeza lo que se cuece en Valencia.