El Tribunal Superior de Justicia ha dado por buena una resolución del Gobierno en la que se imponía a la Congregación Hermanas de la Caridad Santa Ana, responsables del hospital Casa de Salud de Valencia, el pago de 350.000 euros por no abonar la cotizaciones a la Seguridad Social de los médicos que intervienen en el centro.

La Inspección de Trabajo emitió un informe en junio de 2004 contra la mercantil médica Argos Senta S. L., por "falta de cotización" de los facultativos en el Régimen General de la Seguridad Social. En dicha resolución se declaraba a la comunidad de religiosas como responsable solidaria del pago de esta cantidad, al ser la Casa de la Salud "el centro de trabajo en el que los sanitarios realizan su actividad".

Relación laboral

El quid de la cuestión reside en que el impago de las cantidades a la Seguridad Social se producía al considerar las empresas que su relación con los médicos era "un arrendamiento de servicios". Pero esto no es así. Según el TSJ, lo que existe es una "relación laboral, estando incluidos estos profesionales en el ámbito de aplicación de la Seguridad Social".

Tanto el tribunal como la propia Administración responsabilizan a la Casa de Salud de este pago al ser el lugar en el que los facultativos llevan a cabo su profesión. Así, los médicos "se sirven de las instalaciones, equipos, instrumental y ropa de trabajo proporcionados por la clínica".

La resolución de la Inspección de Trabajo describe que la clínica presta sus servicios a "clientes y pacientes" de Argos que pagan directamente a la Salud, pagando luego esta una parte a la empresa. Luego, la sociedad limitada abona mensualmente mediante transferencias "los servicios prestados en función de las horas trabajadas".

EL Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso presentado por las monjas de la Casa de Salud al considerar la "existencia de trabajo por cuenta ajena" entre los sanitarios y el establecimiento médico.