Una nueva red eléctrica, una depuradora de grandes dimensiones, un cuartel, un juzgado y tres millones de euros son, de momento, las contraprestaciones que recibirá Siete Aguas por albergar la futura cárcel de la provincia de Valencia.

Estas son las primeras peticiones, ya aceptadas, que desde el Ayuntamiento se plantearon a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) como beneficios por albergar en su término la nueva penitenciaria.

La postura municipal respecto a la prisión quedó reflejada en un pleno de poco más de una semana donde se aprobó respaldar las actuaciones del SIEP, cambiando así el rechazo unánime de diciembre de 2007. En este caso apoyaron la propuesta el PP y dos de los tres concejales del PSPV (el tercero no acudió), IU votó en contra.

En cuanto a las infraestructuras, la mejora en electricidad está negociándose ya con Iberdrola. Se tratará de una línea que abastecerá tanto a la futura penitenciaria como a la población. El alcalde, Rafael Zahonero, aseguró que con este servicio se evitarán los problemas de suministro que sufrió la población el pasado verano por las averías.

La red llegará desde Buñol gracias a una actuación cuyo coste rondará los cuatro millones de euros. Además, pese a las críticas que se recibieron en un principio, la primera autoridad aseguró que finalmente tanto el juzgado como el nuevo cuartel de la Guardia Civil (que se sumará al que ya hay) se quedarán en la población.

La segunda obra será la depuradora que dará cobertura no sólo a Siete Aguas, sino también a muchas urbanizaciones. Zahonero aseguró que esto permitirá solucionar el problema que padecen algunas áreas residenciales "que ahora están funcionando con pozos ciegos".

Además, desde el SIEP se ofreció el compromiso de dar un trato favorable a la localidad a la hora de utilizar su mano de obra y actividades económicas. Este aspecto fue valorado positivamente por la ya ex portavoz del partido socialista en Siete Aguas, Llum Chiner, quien matizó que la medida "puede constituir un elemento vertebrador de la economía local".

Gran beneficio

Y nada más lejos de la realidad. El alcalde explicó que el Ayuntamiento no va a tener que dar ninguna licencia de obras para la construcción de la cárcel puesto que esta se ha declarado de interés general. Sin embargo, argumentó, el Consistorio recibirá unos tres millones de euros como contraprestación por la ejecución de los trabajos. Una gran cifra ya que el presupuesto anual municipal ronda los 1,8 millones.

En cualquier caso, según informaron desde el SIEP al Ayuntamiento, el Centro Penitenciario Levante II tendrá una fuerte repercusión en la población. En la fase constructiva se calcula que se invertirán alrededor de 130 millones de euros y se crearán, en los aproximadamente dos años que dure la construcción de la cárcel, unos 850 empleos. Además, se generarán unos 30 millones de euros de beneficios anuales que repercutirán en toda la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva.

Cuando la prisión ya esté en marcha empleará a 500 funcionarios y a otras 85 personas de la zona como personal laboral en diferentes oficios. En la penitenciaría también trabajarán unas 100 personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y 200 más de personal indirecto o inducido. Los beneficios rondarán los 35 millones de euros anuales.

Con estas ganancias cada año, el alcalde aseguró que en el Ayuntamiento ya tienen pensados algunos proyectos. Entre los mismos destacó como prioritarios la construcción de una guardería y también un pabellón cubierto destinado a todos los jóvenes de la población.