Valencia
El Ayuntamiento debe 801 millones de euros, lo que equivale a 992 euros por habitante
Salvo la salvajada de Madrid de 6.683 millones de euros, el Ayuntamiento de Valencia encabeza la clasificación de las ciudades con más deuda municipal de toda España, al alcanzar en 2008 la cifra de 801 millones, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Economía.
La cifra de Valencia supone una media de 992,9 por habitante. La deuda viva de las entidades locales en España ascendió el pasado año a 32.030 millones de euros, 566 euros por habitante. Tras el caso de Valencia, sigue Barcelona en la tercera posición de la lista, con 770 millones de deuda, lo que equivale a 476,5 euros por habitante.
Tras ellos, se sitúan los ayuntamientos de Zaragoza (690,2 millones de euros, 1.036 euros por habitante); Málaga (618,6 millones de euros, 1.092 euros por habitante); Sevilla (421,6 millones y 602,5 euros por habitante) y Córdoba, que tiene una deuda viva de 244,8 millones de euros, 752,2 euros por habitante.
Por provincias, en la Comunitat los Ayuntamientos de Navajas (Castellón), Cofrentes (Valencia ) y Monforte del Cid (Alicante) son los que tienen la mayor deuda por habitante en sus provincias, con 3.396 euros, 1.429 y 1.082 euros, respectivamente, según los datos del Ministerio de Economía.
Esos son los datos a 31 de diciembre, aunque según las cuentas del grupo municipal socialista, el Ayuntamiento tiene ahora una mayor deuda, que alcanza los 827 millones de euros tras la modificación de créditos aprobada el pasado viernes en el pleno.
El gobierno municipal aprobó con el respaldo de la oposición la contratación de más pólizas de crédito por valor de 32 millones de euros, principalmente destinada al pago de expropiaciones y proveedores. Ferrer destacó entonces que se trataba de la primera vez que el Consistorio recurría a la deuda para hacer frente al gasto corriente de la institución local.
La previsión del inicio del presupuesto fue de 798 millones de euros, aunque distintas modificaciones han llevado a este cifra, al menos de momento. De todas maneras, el índice de la deuda quedará en el 103% sobre los derechos liquidados corrientes del pasado año.
Ese criterio es el que regula el estado financiero de un Ayuntamiento. En el caso de que sobrepase el 110% tendría consecuencias como la posible intervención de las cuentas por parte de otra Administración. Tras la última reforma legislativa, esto correspondería a la Generalitat.
Esta situación ya la conoce Valencia, cuando hace unos años tuvo que contratar 64 millones de euros en un préstamo extraordinario para hacer frente a obras de embellecimiento de la ciudad con motivo de la Copa América.
En un principio, la alcaldesa Barberá pidió permiso al Gobierno para contratar en los bancos un total de 240 millones de euros, algo que fue rechazado de plano por el entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de febrero medidas de flexibilización sobre la deuda de los Ayuntamientos, sobre todo para aquellos en una situación más precaria por el descenso de ingresos. La caída en picado de la actividad urbanística ha rebajado las expectativas en varios impuestos y tasas.
En Valencia, el gobierno municipal aprobó un plan de austeridad para intentar rebajar al máximo el gasto corriente, con el propósito de aumentar las partidas destinadas a Bienestar Social y promoción de empleo, entre otras medidas destinadas a reactivar la economía local dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. Además, también se aprobó una congelación de salarios de los concejales y de aportaciones a los grupos políticos.
municipal@lasprovincias.es
La cifra de Valencia supone una media de 992,9 por habitante. La deuda viva de las entidades locales en España ascendió el pasado año a 32.030 millones de euros, 566 euros por habitante. Tras el caso de Valencia, sigue Barcelona en la tercera posición de la lista, con 770 millones de deuda, lo que equivale a 476,5 euros por habitante.
Tras ellos, se sitúan los ayuntamientos de Zaragoza (690,2 millones de euros, 1.036 euros por habitante); Málaga (618,6 millones de euros, 1.092 euros por habitante); Sevilla (421,6 millones y 602,5 euros por habitante) y Córdoba, que tiene una deuda viva de 244,8 millones de euros, 752,2 euros por habitante.
Por provincias, en la Comunitat los Ayuntamientos de Navajas (Castellón), Cofrentes (Valencia ) y Monforte del Cid (Alicante) son los que tienen la mayor deuda por habitante en sus provincias, con 3.396 euros, 1.429 y 1.082 euros, respectivamente, según los datos del Ministerio de Economía.
Esos son los datos a 31 de diciembre, aunque según las cuentas del grupo municipal socialista, el Ayuntamiento tiene ahora una mayor deuda, que alcanza los 827 millones de euros tras la modificación de créditos aprobada el pasado viernes en el pleno.
El gobierno municipal aprobó con el respaldo de la oposición la contratación de más pólizas de crédito por valor de 32 millones de euros, principalmente destinada al pago de expropiaciones y proveedores. Ferrer destacó entonces que se trataba de la primera vez que el Consistorio recurría a la deuda para hacer frente al gasto corriente de la institución local.
La previsión del inicio del presupuesto fue de 798 millones de euros, aunque distintas modificaciones han llevado a este cifra, al menos de momento. De todas maneras, el índice de la deuda quedará en el 103% sobre los derechos liquidados corrientes del pasado año.
Ese criterio es el que regula el estado financiero de un Ayuntamiento. En el caso de que sobrepase el 110% tendría consecuencias como la posible intervención de las cuentas por parte de otra Administración. Tras la última reforma legislativa, esto correspondería a la Generalitat.
Esta situación ya la conoce Valencia, cuando hace unos años tuvo que contratar 64 millones de euros en un préstamo extraordinario para hacer frente a obras de embellecimiento de la ciudad con motivo de la Copa América.
En un principio, la alcaldesa Barberá pidió permiso al Gobierno para contratar en los bancos un total de 240 millones de euros, algo que fue rechazado de plano por el entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de febrero medidas de flexibilización sobre la deuda de los Ayuntamientos, sobre todo para aquellos en una situación más precaria por el descenso de ingresos. La caída en picado de la actividad urbanística ha rebajado las expectativas en varios impuestos y tasas.
En Valencia, el gobierno municipal aprobó un plan de austeridad para intentar rebajar al máximo el gasto corriente, con el propósito de aumentar las partidas destinadas a Bienestar Social y promoción de empleo, entre otras medidas destinadas a reactivar la economía local dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. Además, también se aprobó una congelación de salarios de los concejales y de aportaciones a los grupos políticos.
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