"Los plazos están agotados y mañana -por hoy- presentaremos al juez un escrito solicitando que suspenda al consejo de sus facultades". Las palabras de Vicente Andreu, uno de los tres administradores concursales que vigilan judicialmente la sociedad levantinista, son tan diáfanas como contundentes. El Levante vuelve a dar la enésima vuelta de tuerca a un esperpéntico espectáculo que impedirá que la directiva presidida por Jesús Serna, máximo accionista, sobreviva a sus primeros cien días al frente de la entidad. Los auditores se han cansado de esperar y tras el plante de José Antonio López Lara, que no se presentó en Valencia y mandó al abogado del despacho de Broseta a la reunión, cortan de raíz. Querían garantías de cómo iba López Lara a parchear el desfase de casi tres millones de euros del presupuesto actual y se han quedado con las ganas. López Lara no ha enseñado ni un euro de esos 40 millones que hace apenas unos días anunció el propio Serna.

Por si fuera poco, el desplante va un poco más allá porque los administradores exigieron conocer, para permitir un nuevo aplazamiento, la identidad real de ese o esos anónimos inversores y las supuestas garantías porque, en definitiva, la deuda del club se dispara por encima de los 85 millones de euros. Hasta ayer mismo, el nombre de José María Carpintero (persona vinculada al Grupo Ortiz) todavía seguían relacionándolo con López Lara. "Él siempre dijo que Carpintero estaba detrás", decía uno de los colaboradores que más ha trabajado con Lara en su desembarco en Orriols. Ahora bien, desde el Grupo Ortiz se negaba de manera rotunda y contundente que alguien de la familia Carpintero ni siquiera hubiera mantenido trato con el de Tomelloso. ¿Quién no se ajusta a la verdad?

Los hechos están ahí. A media tarde, los consejeros de Valencia (Navarro, Fenollosa y Santamaría) conocieron a través de LAS PROVINCIAS la decisión de los auditores. Ni López Lara ni Ana Serna ni Jesús Serna se habían puesto en contacto con ellos para informarles de lo sucedido. Lo curioso es que no les sorprendió. "Hasta ahora había que confiar", afirmaba con cierta resignación Santamaría, sin duda uno de los que más se había mojado por el grupo de Tomelloso.

Serna, por el momento, continúa siendo el propietario del Levante con ese 70% del accionariado que compró a Julio Romero -con el visto bueno de Villarroel- por un euro. Pero la situación no es tan sencilla. El titular del juzgado número 2, Fernando Presencia, recibirá hoy la documentación de los auditores y se abrirá un periodo en el que el consejo puede presentar alegaciones. Pero la condena es un hecho. Lo inhabitual es precisamente lo que va a suceder al Levante, que se suspenda de sus funciones por dejación a los directivos. Existe la duda si ahora serán los administradores quienes mantengan el día a día o si optan por delegar en un equipo de trabajo que se encargue de esta labor. "Eso habrá que planificarlo", respondía Andreu al respecto. Hace apenas unos días, el mismo Andreu se entrevistó con Quico Catalán, barajando la posibilidad de que el ex consejero granota pudiera formar parte de esta nueva etapa que se abre ahora, con problemas muy graves que solventar y con la sombra del proceso de liquidación como gran y seria amenaza.

El domingo, en un Levante-Eibar que puede marcar casi de manera virtual la permanencia, se vivirá una situación especial. Jesús Serna tenía previsto acudir al palco del Ciudad de Valencia pero quienes tuvieron la oportunidad de charlar ayer con él manifestaron que en estos momentos "está totalmente hundido y destrozado". La afición está escarmentada ya por lo que ocurrió hace unos meses con el anterior consejo de administración, que mantuvo la incertidumbre desde antes de Navidad hasta que no le quedó otro remedio que solicitar la entrada en ley concursal. "Nosotros estamos a disposición del club para lo que haga falta", resumía Santamaría poniendo voz al sentir de los otros dos directivos valencianos. Del resto, silencio.