Atentas y combativas. Las asociaciones de víctimas del 11-M continúan trabajando en busca de cualquier resquicio que les permita cubrir su necesidad de justicia y verdad. En general, los colectivos que representan los intereses de las víctimas del mayor ataque terrorista perpetrado en España mantienen abiertas actuaciones desde el punto de vista jurídico que en el caso de la implicación de los asturianos en los sucesos de marzo se refieren a explosivos y a la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, las indemnizaciones.

En el primer punto tienen puestas sus esperanzas asociaciones como 11-M Afectados por el Terrorismo, que lidera Pilar Manjón. Se trata de unas diligencias previas abiertas en su día por el magistrado Juan del Olmo y que hoy continúa el juez valenciano Eloy Velasco, actual titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, relacionadas con el descontrol de los explosivos en las minas de la empresa Caolines de Merillés, en concreto en Mina Conchita.

Las víctimas están pendientes de estas investigaciones y de lo que de ellas se derive puesto que podría permitirles abrir nuevas actuaciones contra algunos de los asturianos que estuvieron implicados en el tráfico de sustancias explosivas. Podría o no porque sobre estas actuaciones está decretado el secreto sumarial y nada se sabe sobre su contenido.

Antonio García, abogado de esta asociación, explica que "de ese sumario se podrían derivar responsabilidades por encima de las que tenía Emilio Llano, es decir, si el vigilante no tenía responsabilidad porque de hecho fue exonerado de la causa a lo mejor sí la tenían sus jefes. Es pronto para aventurarnos, pero en esas estamos".

También pendientes de los explosivos, aunque en una línea muy distinta, continúan asociaciones como la de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo. Su abogado, José María de Pablo, tiene solicitados los vídeos de las pruebas periciales de los explosivos con el fin de analizar "posibles manipulaciones" en las que hayan podido incurrir los peritos. De momento, estas grabaciones les han sido denegadas por la Audiencia Nacional, pero ante esa respuesta han planteado un recurso de súplica para que la sala cambie de opinión. "Si la Audiencia Nacional sigue en sus trece y vuelve a denegárnoslas, plantearíamos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional", insiste De Pablo.


Responsabilidad civil
Cuestión distinta es el caso de las indemnizaciones. Las asociaciones de víctimas se han conformado en mayor o menor medida con el fallo del Tribunal Supremo, por lo que no insistirán en actuaciones contra los asturianos, a excepción de José Emilio Suárez Trashorras. Contra él, quieren solicitar la ejecución de sentencia relacionada con su responsabilidad civil. "No nos hemos olvidado de que todavía no ha puesto ni un sólo duro. El Estado está cubriendo esos gastos por solidaridad, así que pensamos que Trashorras debe hacer frente y en ese sentido trataremos de embargarle sus bienes y su patrimonio", anuncian.

Las víctimas que resultaron lesionadas en los atentados fueron indemnizadas con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1.500.000, mientras que los familiares de las víctimas mortales cobrarán 900.000, cifras que según la sentencia deberán pagar íntegramente los condenados José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam y Otman El Gnaoui. En el auto se añade un párrafo en el apartado relativo a las indemnizaciones en el que se fija "la subrogación a favor del Estado por las cantidades abonadas a las víctimas". Ello significa que cuando los condenados paguen a las víctimas, estas tendrían que descontar de esa cantidad la parte que ya les ha abonado el Estado. Así, aunque los condenados se declaren insolventes, la sentencia le reconoce al Estado su situación de acreedor respecto a los acusados.

Finalmente, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo volverá a recurrir la absolución de Rabei Osman el Egipcio, en este caso, ante el Tribunal Constitucional "porque le consideramos el autor intelectual", explican.