La Ribera

Tanto el grupo municipal del PP como el sindicato CSIF plantearon un contencioso administrativo por el que pedían al juzgado que se declarase nulo un acuerdo de pleno de 14 de diciembre de 2007 en el que se ratificaba el convenio con la empresa Transforma por la que se veía la luz del túnel y Llaurí salía del embargo.
El alcalde Carlos Ribes recordó que el convenio con el principal acreedor del Ayuntamiento está autorizado por la Audiencia Provincial e incluso lamentó la actitud del PP. "En el pleno que se aprobó este convenio ninguno de los concejales populares acudió al pleno", señaló Carlos Ribes.
Por lo que se refiere al contencioso planteado por el CSIF, este sindicato alegaba que había un perjuicio o "detrimento" para los funcionarios del Ayuntamiento porque "se les iba a congelar el salario durante diez años".
El contencioso del PP se basaba en la "falta de legitimación", pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo inadmite este recurso "por falta de legitimación activa de los recurrentes que no votaron en contra el acuerdo recurrido".
Cabe recordar que el actual equipo de gobierno (GDLL-PSPV) llegó a un acuerdo con sus acreedores para poner fin al embargo sobre las cuentas municipales en diciembre de 2007. Un embargo que se alzó, de forma cautelar, tras llegar a un entendimiento, principalmente, con el acreedor preferente, Transforma S.A.
La solución pasaba por diversos caminos. En primer lugar, el Ayuntamiento de Llaurí ha establecido un convenio con Transforma para la amortización, en diez años, de una deuda que asciende a más de un millón de euros y que el Consistorio no empezará a pagar hasta el próximo año.
En este sentido, el alcalde recordó ayer que hay diversas fórmulas para hacer frente a esta deuda y incidió en que el Ayuntamiento "ya tiene presupuesto".
Anticipo de un PAI
En segundo lugar, la mercantil Alzira Golf S.L. (del mismo propietario de Transforma) autorizó al Consistorio a hacer uso de la cantidad ingresada en el Ayuntamiento en 2005, que asciende a un millón en euros, en concepto de anticipo del PAI proyectado en la localidad y que prevé 3.700 viviendas, para pagar al Banco de Valencia (750.000 euros) y al BBVA (130.000 euros).
La deuda total del Ayuntamiento de Llaurí asciende a más de 3,6 millones de euros. El equipo de gobierno aprobó durante un pleno municipal este acuerdo que sirvió para levantar el embargo un tiempo más tarde.







