La Generalitat "no tiene el deber de modificar la postura que ha venido manteniendo con relación a los objetores, ni con relación a la asignatura de Educación para la Ciudadanía".

Esta es una de las principales conclusiones a las que llega un informe, elaborado por los servicios jurídicos de la Conselleria de Educación, tras las sentencias del Tribunal Supremo que niegan el derecho de varias familias asturianas y una andaluza a ejercer el derecho a objetar a la materia.

A la luz de los pronunciamientos del Alto Tribunal, el Consell exigió ayer al Gobierno central un "esfuerzo de tolerancia y diálogo". Eso se traduce en la petición de "nuevos contenidos" para la asignatura.

La Generalitat valenciana ha instado al Gobierno central a que se reúna con la comunidad educativa y con las distintas autonomías para alcanzar un pacto sobre los contenidos que deben impartirse en la asignatura de Ciudadanía, con el fin de "evitar cualquier adoctrinamiento que pueda trasgredir la libertad de los padres".

Así lo hizo saber en las conclusiones del informe jurídico que se abordó en la sesión plenaria del Consell celebrada ayer.

En el documento se señala que la Generalitat no tiene el deber de modificar la postura que ha venido manteniendo con relación a los objetores de su sistema educativo, ni con relación a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, hasta que se produzca un pronunciamiento judicial que le obligue a ello, por referirse a algún supuesto que se encuentre en su ámbito de gestión.

En la Comunitat Valenciana se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre las objeciones que desde hace varios meses se están solicitando por vía contencioso administrativa.

Los fallos del Supremo, según el informe, no afectan al modo en el que se está impartiendo la materia en la Comunitat en cuanto a la lengua vehicular recogida en la orden que regula la nueva asignatura.

Por todo ello, la Conselleria de Educación seguirá aplicando la normativa vigente de la orden por la que se establecen formas de organización pedagógica para impartir la materia a los alumnos de segundo curso de Secundaria.

Por el contrario, el sindicato de profesores mayoritario en la enseñanza pública, STEPV, considera que las sentencias del Supremo "sí afectan a los alumnos de la Comunitat".

En un comunicado emitido ayer, la organización sindical señaló que la sentencia sí es vinculante para el alumnado valenciano ya que la propia Conselleria ha afirmado "que existen peticiones para objetar a la asignatura y además la orden para impartir esta asignatura contempla la posibilidad de realizar un trabajo para aprobar la materia".

A juicio de la organización sindical, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, se ha "obstinado en no reconocer que han hecho mal las cosas, que las sentencias judiciales cuestionan su política educativa respecto a Educación para la Ciudadanía y que la presión popular los ha obligado a modificarla".

El sindicato denunció también el "cinismo" de la Administración valenciana cuando pide un esfuerzo de diálogo al Gobierno central para pactar unos nuevos contenidos de la asignatura.

Finalmente, exige a la Generalitat que retire la orden del 10 de junio sobre la asignatura, acate las sentencias y abandone "la política de enfrentamiento partidista" que, en su opinión, "sólo consigue perjudicar al sistema educativo valenciano".