El Ministerio de Defensa ha procedido a la retirada de los expedientes correspondientes a los juicios sumarísimos franquistas depositados en las distintas dependencias militares valencianas con el objetivo de efectuar su restauración y digitalización, según apunta la versión oficial, haciendo hincapié en que se trata de una cuestión extensible a todo el territorio estatal.

La cuestión no tendría mayor importancia a no ser por una serie de detalles que delatan intenciones ajenas a los intereses de los investigadores sobre el tema y que sufren en primera persona las consecuencias de la decisión. No olvidemos que el Código de Justicia Militar franquista resultaba extensible a la población civil y de ahí la importancia capital de esta fuente documental.

Hasta el momento, la consulta de los expedientes venía determinada por la gran cantidad de obstáculos interpuestos por sus custodios militares cuyo exponente máximo residía en la solicitud de documento a documento, siempre esgrimiéndose la excusa de falta de personal y otras veleidades por el estilo.

Con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, independientemente de la valoración que hagamos de la misma, los archivos no tienen más remedio que abrirse a los investigadores con todo lo que ello conlleva. Una manera de evitar problemas logísticos y administrativos ha sido la aplicación de la propia ley en su forma más perversa. Atendiendo a la necesidad de conservar la documentación y dado el estado de deterioro de gran parte de la misma se procede a su retirada con la excusa de su digitalización. El resultado inmediato no es otro que el de perpetuar la inaccesibilidad a la fuente -al menos momentáneamente- por mucho que se diga que será devuelta y puesta a disposición de los investigadores de inmediato. El argumento resulta baladí a todas luces, ya que el objetivo último de la maniobra no es otro que el de ocultar el máximo tiempo posible toda una serie de vergüenzas que abarcan desde la propia arbitrariedad de la llamada justicia franquista hasta la misma esencia de uno de los pilares de la construcción del régimen, sin olvidar a los actores de la misma, cuestión se desprende poco amable y que destapa pasados difíciles de argumentar.

Tampoco resulta extraño que justo las tierras valencianas hayan sido las primeras afectadas por la maniobra dado el nulo interés que suscita entre nuestros gobernantes el conocimiento de nuestro pasado inmediato, sea por conexiones directas con el régimen franquista, sea por su empecinamiento por mantener vivos los lazos que le unen a él o bien simplemente por una ignorancia de la que tanto les gusta hacer gala. Declaraciones al respecto no faltan y no será servidor quien se haya inventado aquello de el pasado no le importa a nadie o aquello debe olvidarse para no reabrir heridas y otras perlas por el estilo.

Cierto que el PP ha realizado una proposición no de ley que exige la devolución inmediata de los documentos, pero su objetivo no tiene nada que ver con los intereses patrimoniales valencianos. Se trata de una excusa más para atacar al Gobierno estatal puesto que el pataleo no anula una realidad alarmante: desde hace más de un lustro las conversaciones encaminadas a conseguir un hipotético traslado de la documentación con destino final a la custodia de la Generalitat es un hecho y, una de dos, o nuestros gobernantes son unos pésimos defensores de sus/nuestros intereses o bien no han sabido llevar a buen puerto la negociación.

La prueba la tenemos en la demanda que se hizo en su día de los llamados papeles de Salamanca, eufemismo utilizado para hacer referencia al expolio efectuado por el franquismo, pero que venía encaminada más a la reacción frente a la contundencia con que Cataluña afrontó el problema que a otra cosa. De hecho, que uno sepa, de momento de Salamanca no se ha movido un solo papel de vuelta a nuestra tierra.

Lo anterior no excusa para nada la actuación del Ministerio de Defensa en lo que nos atañe, basta releer el papel de las Fuerzas Armadas en la Constitución para comprender mejor el asunto. Su responsabilidad al retirar los expedientes en la postergación de las investigaciones derivada de esta importantísima fuente documental resulta patente, alegue lo que alegue.

Todas las partes, pues, están contentas con este baile de despropósitos nada inocente cuyas víctimas directas son los investigadores y, más aceradamente los intereses de las víctimas -no pocas- de la represión franquista. Por una parte, el estamento, casta o como se quiera llamar militar, queda al margen de las actuaciones arbitrarias del pasado y los conectados generacionalmente con el franquismo se ven favorecidos por un respiro temporal seguramente definitivo para ellos. O sea, cuestiones nada relevantes para los intereses de los investigadores y menos aún para el conocimiento científico que encamina sus esfuerzos.

Una cosa está clara en este asunto y la sintetiza acertadamente Silvia Bataller, directora general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana: no saldrán más expedientes de los depósitos valencianos. No le costará mantener su palabra puesto que no queda ni uno en nuestro territorio. Curiosa pero no inocente manera de reimplantar la censura.