El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".

En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario.

Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE".

Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".

En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas, el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada".

Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.

Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".

El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia".

"Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.

"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa".

Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".

"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta".

Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.

Declaración ante Garzón

Garzón tomará declaración hoy al chófer del empresario Francisco Correa, que se encuentra entre los 37 imputados por delitos económicos y fue detenido el pasado lunes por orden del magistrado, según informaron ayer fuentes jurídicas.

Con esta declaración el juez sumará 11 interrogatorios desde que se produjeron las detenciones del empresario y sus dos colaboradores más directos, Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

Hasta la fecha, Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama, a los que Garzón imputa indiciariamente los delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita.

Ha dejado en libertad a siete personas: Álvaro Pérez, responsable de la filial valenciana de la trama Orange Market; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; uno de sus trabajadores, José Luis Izquierdo; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; Carmen Luis Cerezo, que trabajaba como secretaria; Jacobo Gordon, compañero de colegio, testigo de boda y socio en la primera empresa de Alejandro Agag, el yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar; y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín.

El juez ha impuesto comparecencias judiciales semanales a Pérez e Izquierdo, mensuales a las tres mujeres y no ha fijado medida cautelar alguna en el caso de Gordon y Blanco Balín.

Cita en Génova

La directiva nacional del PP ha citado a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, a comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías para dar cuenta de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos.

Ambos han sido imputados por el juez Garzón en el proceso judicial que investiga una presunta trama, cuyo cabecilla, Francisco Correa, realizó negocios poco claros con los dos ayuntamientos.

Fuentes municipales de Boadilla del Monte han confirmado que González Panero ha sido citado por Garzón para declarar la semana próxima en la Audiencia Nacional, pero no han podido concretar la fecha exacta.

Por otra parte, el Consistorio de Boadilla ha convocado un pleno el próximo viernes a las 10.00 horas para elegir al sustituto de González. Las mismas fuentes han asegurado que la elección del sucesor dependerá de una reunión de los concejales que se celebrará hoy o mañana.

Los nombres que se barajan son los de los ediles Belén Húmera, actual alcalde en funciones y primera teniente de alcalde, Juan Sidera y Ramón González Bosch.

Húmera fue nombrada primer teniente de alcalde por el ex regidor tras destituir a María Jesús Díaz que se enfrentó a él en las últimas elecciones internas celebradas en diciembre de 2008 aunque no logró vencerle.

Díaz fue obligada por el PP a dimitir el pasado 10 de febrero para que González aceptará renunciar al cargo de alcalde ya que aseguró que no estaba dispuesto a que su contrincante fuera la alcaldesa y la culpó de estar detrás de los dossier en los que le acusan de un presunto enriquecimiento ilícito