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Provia admite la desaparición del 25% de las mercantiles y espera que llegue financiación urgente para detener la sangría
Varios trabajadores observan desde una plataforma de ascensor el estado de un edificio de viviendas en construcción en la ciudad de Alicante.
El 25% de las empresas promotoras de viviendas alicantinas han echado el cierre en el último año, tal como reconoce la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia). En volumen, se trataría de casi 200 mercantiles sobre el total de 800 firmas que estaban operativas en 2007. Las pequeñas sociedades han sido principalmente las más afectadas, aunque tampoco se han librado algunas firmas de mayor tamaño.
El secretario general de Provia, Jesualdo Ros, confía en que llegue de una vez por todas la financiación necesaria para detener el desmoronamiento del sector, ya que "todavía no se está dando nada de dinero". En el caso de que las entidades no comiencen a impulsar los créditos de inmediato, para que los empresarios puedan acometer sus proyectos y los particulares optar a la compra de una vivienda, la desaparición de sociedades se puede multiplicar.
Ros hace hincapié en que "tenemos promotores que han ido a bancos y cajas de ahorro con un proyecto bien definido para ejecutar, con toda la oferta vendida a personas que cumplen los requisitos del solvencia, y les han dicho que no". Se trata de un hecho que evidencia a las claras el verdadero drama al que se enfrentan los empresarios inmobiliarios alicantinos, que además de sufrir la parálisis de las ventas por la situación económica de las familias, también tienen que afrontar la falta de liquidez incluso para proyectos completamente viables.
Las consecuencias de este bloqueo de la actividad se manifiestan finalmente en el empleo, tal como corroboran mes a mes las estadísticas del paro en la provincia.
Las oficinas del Servef en todos los municipios alicantinos suman ya 31.934 desempleados en el sector de la construcción al cierre del pasado mes. Se trata de 18.220 personas más que las que había un año antes, lo que supone un incremento del 132,8%. Después habría que añadir otras decenas de miles de sectores auxiliares afines.
2,5 empleos por vivienda
Los cálculos del sector y de la administración coinciden en que por cada vivienda que se deja de construir se destruye una media de 2,3 puestos de trabajo. Si se tiene en cuenta este ratio en función de la reducción de obra nueva en la Costa Blanca en 2008 frente a 2007, que se situó en 23.500 unidades menos, el volumen real de los empleos destruidos sería muy superior.
A pesar de este panorama negro, el dirigente de Provia quiere alejarse del pesimismo y espera que "la situación cambie". "En tres o cuatro meses pienso que podemos ver síntomas de recuperación si llega el dinero a la calle. Estoy convencido de que esto puede cambiar si se ofrecen las condiciones para que haya alegría y todo se mueva".
Lo que no puede continuar sucediendo es el bloqueo actual. "Es que hasta las líneas de apoyo del Estado, a través del ICO, parecen una mentira, porque van los empresarios a las entidades y les están poniendo trabas, les dicen que no hay tanto dinero como se dice". Y es que esta cruda realidad al final lo único que genera es desánimo.
Un fuerte lastre para los promotores son las casi 40.000 viviendas que se mantienen en stock en toda la provincia. Esta bolsa de inmuebles sobredimensionada, debido al boom urbanístico acontecido en los últimos años, requiere de un ajuste importante que todavía está lejos de producirse. Desde Provia sostienen que para alcanzar un verdadero equilibrio entre oferta y demanda la reserva acumulada no debería oscilar más allá de 20.000 unidades.
Los APIs piden ayudas
Otros profesionales relacionados con el mercado de la vivienda, como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) reconocen que se le ayuda muy poco al sector. Denuncian que durante 2008 se deshicieron muchas operaciones de venta al entregarse las promociones por culpa de las entidades financieras, que no admitieron que los compradores se subrogaran al crédito al promotor.
Desde el Consejo General de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria (Coapis), en el que se integran los agente alicantinos, plantean posibles ayudas del Estado a las inmobiliarias para que renuncien a parte de su préstamo al promotor a favor del comprador, que vería reducida su hipoteca. El objetivo final es reactivar las ventas como sea y ayudar a sacar adelante el stock.
También se apunta la posibilidad de que el Gobierno financie parte del importe de los préstamos hipotecarios que concedan los bancos a los nuevos compradores de viviendas, siempre que la adquieran para su uso o para alquilarla con una renta controlada.
El presidente del Consejo General, Santiago Baena, aseguró a la agencia Efe que esta medida iría destinada a evitar la paralización de la concesión de créditos experimentada en 2008, cuando se rechazó la hipoteca a la mitad de los compradores que la pidieron.
Y es que en la Comunitat Valenciana el número de compradores que no pudieron conseguir una hipoteca ascendió al 80%, según los APIs, debido al "mayor desarrollo urbanístico y a la exposición de las cajas de ahorro de la zona al negocio inmobiliario".
Otras demandas que se ponen sobre la mesa son las exenciones fiscales en el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los compradores que adquieran una vivienda, siempre que devuelvan las deducciones al venderla, o que, si optan por alquilarla, reciban una renta controlada.
El secretario general de Provia, Jesualdo Ros, confía en que llegue de una vez por todas la financiación necesaria para detener el desmoronamiento del sector, ya que "todavía no se está dando nada de dinero". En el caso de que las entidades no comiencen a impulsar los créditos de inmediato, para que los empresarios puedan acometer sus proyectos y los particulares optar a la compra de una vivienda, la desaparición de sociedades se puede multiplicar.
Ros hace hincapié en que "tenemos promotores que han ido a bancos y cajas de ahorro con un proyecto bien definido para ejecutar, con toda la oferta vendida a personas que cumplen los requisitos del solvencia, y les han dicho que no". Se trata de un hecho que evidencia a las claras el verdadero drama al que se enfrentan los empresarios inmobiliarios alicantinos, que además de sufrir la parálisis de las ventas por la situación económica de las familias, también tienen que afrontar la falta de liquidez incluso para proyectos completamente viables.
Las consecuencias de este bloqueo de la actividad se manifiestan finalmente en el empleo, tal como corroboran mes a mes las estadísticas del paro en la provincia.
Las oficinas del Servef en todos los municipios alicantinos suman ya 31.934 desempleados en el sector de la construcción al cierre del pasado mes. Se trata de 18.220 personas más que las que había un año antes, lo que supone un incremento del 132,8%. Después habría que añadir otras decenas de miles de sectores auxiliares afines.
2,5 empleos por vivienda
Los cálculos del sector y de la administración coinciden en que por cada vivienda que se deja de construir se destruye una media de 2,3 puestos de trabajo. Si se tiene en cuenta este ratio en función de la reducción de obra nueva en la Costa Blanca en 2008 frente a 2007, que se situó en 23.500 unidades menos, el volumen real de los empleos destruidos sería muy superior.
A pesar de este panorama negro, el dirigente de Provia quiere alejarse del pesimismo y espera que "la situación cambie". "En tres o cuatro meses pienso que podemos ver síntomas de recuperación si llega el dinero a la calle. Estoy convencido de que esto puede cambiar si se ofrecen las condiciones para que haya alegría y todo se mueva".
Lo que no puede continuar sucediendo es el bloqueo actual. "Es que hasta las líneas de apoyo del Estado, a través del ICO, parecen una mentira, porque van los empresarios a las entidades y les están poniendo trabas, les dicen que no hay tanto dinero como se dice". Y es que esta cruda realidad al final lo único que genera es desánimo.
Un fuerte lastre para los promotores son las casi 40.000 viviendas que se mantienen en stock en toda la provincia. Esta bolsa de inmuebles sobredimensionada, debido al boom urbanístico acontecido en los últimos años, requiere de un ajuste importante que todavía está lejos de producirse. Desde Provia sostienen que para alcanzar un verdadero equilibrio entre oferta y demanda la reserva acumulada no debería oscilar más allá de 20.000 unidades.
Los APIs piden ayudas
Otros profesionales relacionados con el mercado de la vivienda, como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) reconocen que se le ayuda muy poco al sector. Denuncian que durante 2008 se deshicieron muchas operaciones de venta al entregarse las promociones por culpa de las entidades financieras, que no admitieron que los compradores se subrogaran al crédito al promotor.
Desde el Consejo General de los Colegios de la Propiedad Inmobiliaria (Coapis), en el que se integran los agente alicantinos, plantean posibles ayudas del Estado a las inmobiliarias para que renuncien a parte de su préstamo al promotor a favor del comprador, que vería reducida su hipoteca. El objetivo final es reactivar las ventas como sea y ayudar a sacar adelante el stock.
También se apunta la posibilidad de que el Gobierno financie parte del importe de los préstamos hipotecarios que concedan los bancos a los nuevos compradores de viviendas, siempre que la adquieran para su uso o para alquilarla con una renta controlada.
El presidente del Consejo General, Santiago Baena, aseguró a la agencia Efe que esta medida iría destinada a evitar la paralización de la concesión de créditos experimentada en 2008, cuando se rechazó la hipoteca a la mitad de los compradores que la pidieron.
Y es que en la Comunitat Valenciana el número de compradores que no pudieron conseguir una hipoteca ascendió al 80%, según los APIs, debido al "mayor desarrollo urbanístico y a la exposición de las cajas de ahorro de la zona al negocio inmobiliario".
Otras demandas que se ponen sobre la mesa son las exenciones fiscales en el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los compradores que adquieran una vivienda, siempre que devuelvan las deducciones al venderla, o que, si optan por alquilarla, reciban una renta controlada.
