
Juan Soler, David Pérez, Gádor Ongil, presidente de la Comisión, Benjamín Martin Vasco y Pablo Casado, todos del PP, de izda a dcha, a su llegada a la Asamblea de Madrid. / Archivo
Se amplían los trabajos de la comisión
El PP ha decidido ampliar del 28 de febrero al 31 de marzo el plazo de finalización de los trabajos de la comisión de investigación sobre la supuesta trama de espionaje, que continúa sin fecha de inicio cuatro días después de haber sido constituida.
La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, se ha mostrado convencida de que la "estrategia" del PP es "esperar a que se celebren las elecciones (gallegas y vascas) del 1 de marzo para empezar la comisión" y ha acusado a la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, de actuar "al servicio" de esa estrategia.
La portavoz de IU, Inés Sabanés, también ha censurado la actitud de la presidenta de la Asamblea y su "seguidismo de la estrategia tramposa del PP para dilatar el inicio de la comisión".
El portavoz del grupo popular, David Pérez, les ha replicado que "no se puede hablar de demoras cuando estamos dentro de unos plazos que se han aprobado por unanimidad" y se ha comprometido incluso a habilitar la última semana de febrero (inhábil a efectos parlamentarios) para que la comisión pueda trabajar.
El inicio de la comisión de investigación se encuentra en suspenso a la espera de que el PP registre su lista de peticiones de comparecencia, para lo cual en la práctica tiene un plazo ilimitado.
El PP lleva semanas en horas bajas, con un Mariano Rajoy más centrado en resolver los problemas internos del partido que en ejercer la labor de oposición. Los dirigentes 'populares' sostienen que se ha llegado a esta situación porque
el PSOE está usando a la Fiscalía y al juez Garzón en una campaña de desprestigio. Primero fue la supuesta
red de espionaje en la Comunidad de Madrid; ahora la
trama de corrupción que ha salpicado a algunos alcaldes de la región.
Uno y otro caso han confluido hoy. El diputado del PP que preside en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el espionaje, Benjamín Martín Vasco, ha aparecido en algunas informaciones vinculado al jefe de la supuesta trama de corrupción, el empresario Francisco Correa.
Una circunstancia que PSOE e Izquierda Unida han aprovechado para pedir la dimisión de Martín Vasco. El PP ha anunciado que el diputado no dimitirá de ese cargo y que se querellará contra aquellos que le impliquen. Así lo ha explicado el portavoz 'popular' en la Asamblea, David Pérez, que ha dicho estar "convencido" de que las informaciones que apuntan que Martín podría haber recibido dinero a cambio de silenciar la trama de corrupción de Boadilla "no son ciertas".
"Benjamín Martín quiere esclarecer que esa acusación es falsa y demostrarlo. Si no se produce una rectificación, se querellará. Por el momento no se va a derivar ninguna otra actuación. Lo primero es esclarecer si esas informaciones son ciertas o no y yo estoy convencido de que no son ciertas", ha afirmado el portavoz del PP.
PSOE e IU piden su renuncia
David Pérez se ha referido así, en declaraciones tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, a la petición formal que han efectuado las portavoces del PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, para que Benjamín Martín sea apartado de la presidencia de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid y sea recusado como miembro de dicha comisión. Menéndez y Sabanés, que al término de la Junta de Portavoces han asegurado que la respuesta oficial del PP a su petición ha sido el "silencio", han coincidido en que solicitarán la "recusación" de Benjamín Martín si el PP no le aparta de la comisión.
"Una persona bajo sospecha no es la idónea para presidir una Comisión de Investigación y el PP tiene muchos diputados que pueden garantizar el trabajo de la comisión con cierta seriedad", ha argumentado Maru Menéndez. En la misma línea, Sabanés ha sostenido que la "mera sospecha de que esta persona puede estar inmersa en una trama de corrupción de enorme calibre debería ser motivo suficiente para ser impugnado, por estar directa o indirectamente bajo la presión de su supuesta implicación".