Politica

A principios del pasado mes de octubre, Peñalver renunció de forma voluntaria a todas sus delegaciones en el Ayuntamiento ibense alegando motivos de carácter profesional. No obstante, pronto salieron a relucir las discrepancias internas entre los propios miembros del Gobierno popular del municipio, que quedaron más que patentes durante el congreso provincial del PP, celebrado en Orihuela.
Peñalver respaldó a José Joaquín Ripoll en contra de la línea oficial del PP de Ibi, que apoyaba al otro candidato, Manuel Pérez Fenoll. Y fue incluida en la ejecutiva provincial. Días después, los populares ibenses decidieron expulsarla del grupo y le exigieron que renunciara a su acta de concejal, lo que ha provocado la apertura de un expediente por parte de la dirección provincial.
Peñalver ha atribuido su expulsión a su afinidad con Ripoll, mientras que el grupo popular achaca esta decisión a divergencias y falta de confianza hacia su persona. Sin embargo, ayer Radio Alcoy informó de las presuntas investigaciones iniciadas por la concejala expulsada sobre sus propios compañeros de equipo de Gobierno con el objetivo de denunciar irregularidades ante la dirección provincial del PP.
Según afirmó esta emisora, Peñalver ha reconocido que en los últimos meses ha ido recopilando datos sobre los concejales populares de Ibi , a través del Registro de la Propiedad y del Mercantil, aunque no lo considera una investigación al tratarse de una información pública y al alcance de cualquier ciudadano.
Al respecto, la alcaldesa del municipio, Mayte Parra, declinó ayer realizar declaración alguna a este diario. No obstante, aprovechó la ocasión para manifestar que "esta persona está utilizando mentiras y la hemos pillado. La decisión de expulsarla nada ha tenido que ver con su cercanía a Ripoll, simplemente ha sido por su comportamiento indigno como compañera".
Parece que la presunta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid ha llegado ahora también, aunque a pequeña escala, a este municipio de la Foia de Castalla. Tras el escándalo político que provocó las presuntas grabaciones, el caso de las supuestas investigaciones a miembros del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid está ya en manos de la justicia.







