El Gobierno se ha visto obligado a defender ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el modelo de transición a la democracia y, en concreto, la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1977, cuya derogación solicitó el organismo mundial en octubre para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo.

El Ejecutivo, con una contundencia inusual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un escrito en el que "lamenta" que el comité se haya metido en un asunto que «desconoce» y recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue un pilar de la Transición.

La respuesta se cursó el 8 de enero para rebatir el informe aprobado en la 94º reunión del comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que daba un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Garzón sobre el franquismo y que recomendaba "encarar la abolición" de la Ley de Amnistía porque esa norma choca con la máxima internacional de que "los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles".

La nota diplomática dice "lamentar la inclusión de este punto" en el informe sobre los derechos humanos en España y echa en cara a la ONU su "desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía". Y muestra sorpresa porque durante las reuniones que el Gobierno mantuvo con los expertos en ningún momento hicieron referencia a la Ley de Amnistía o planearon "duda o pregunta alguna".

El Ejecutivo es tajante: "El Estado español quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia".

Exteriores ilustra a los expertos del comité con datos históricos, como el hecho de que "la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática" y "fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978".