Tres días, con más de 20 horas de trabajo acumuladas, fue el tiempo que necesitaron 30 magistrados de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo para poder fallar sobre los cuatros recursos (tres de Asturias y uno de Andalucía) en los que varias familias pedían el reconocimiento de la objeción a Educación para la Ciudadanía.

El fallo se produjo el miércoles con 22 votos a favor, y 7 en contra y un ausente por enfermedad. A falta de conocer el contenido completo de la sentencia, todos los sectores implicados en este tenso debate, de más de dos años de duración, parecen haber quedado satisfechos.

A la vista de las reacciones que el fallo ha producido, todo apunta a que el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición junto a los sectores católicos, lejos de darse por concluido, está ahora más tenso que nunca.

El Supremo dio el miércoles su respaldo a la obligatoriedad de la materia, pero también introdujo alguna salvedad.

No se logró un dictamen por unanimidad, pero el consenso para alcanzar un fallo por mayoría fue posible gracias a la inclusión de dos aspectos que contentaron a algunos magistrados favorables a la objeción. Por un lado, el hecho de que la asignatura debe limitarse a inculcar los valores recogidos en la Constitución. Y, a partir de este punto, que cualquier intento de utilizar esa materia para adoctrinar sobre valores morales permitirá revisar en el futuro el criterio adoptado.

Y ese es el aspecto sobre el que las familias objetoras van a seguir recurriendo. En la Comunitat Valenciana hay 5.600, de las 2.200 corresponden a alumnos afectados por la asignatura este curso, 587 ya se han cursado a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Estos van a tratar de demostrar que sí existe adoctrinamiento y para ello van a aportar los contenidos que se están dando en los colegios.

Todas las organizaciones que promueven la objeción alegan que el fallo del Supremo sólo es vinculante para los casos de Andalucía y Asturias recurridos. También anunciaron que recurrirán ante el Constitucional y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El Ministerio de Educación, sobre todo en su titular, Mercedes Cabrera, también se mostró satisfecho con el fallo y se felicitó por el fin de una batalla política.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer en Valencia que el Supremo "ha dicho que no se puede objetar lo inobjetable".

De la Vega recalcó que, en democracia, "la ciudadanía no es opcional, del mismo modo que no pueden ser opcionales ni la lealtad, ni el respeto a los ciudadanos, ni la responsabilidad".