La reforma de los planes de estudio universitarios para integrar las titulaciones académicas españolas en el Espacio Europeo de la Educación Superior, conocido como los planes de Bolonia, fue rechaza por un minoritario pero vociferante grupo de estudiantes.

No más de un centenar de jóvenes, integrados en las autodenominadas Asambleas contra Bolonia, iniciaron encierros y acampadas en los centros universitarios para tratar de lograr autorización para realizar un referéndum con el que mostrar su rechazo a la reforma.

Junto a las manifestaciones, los jóvenes iniciaron una campaña de actuaciones de carácter más violento con las que lograron atraer la atención ciudadana.

En esta escalada lograron boicotear un acto en el Jardín Botánico en el que se debatía la calidad de la enseñanza. Irrumpieron en la celebración de un Consejo de Gobierno que tuvo que ser suspendido e impidieron la salida de siete profesores cuando se disponían a abandonar la Facultad de Derecho en el campus de Tarongers en la noche de las elecciones estudiantiles a Claustro.

Como consecuencia de estos actos, dos de los participantes fueron detenidos. Uno de ellos quedó en libertad sin cargos mientras que al segundo le fueron imputados cargos como el de desorden público.

Los estudiantes critican la reforma al considerarla mercantilista.

Los rectores también hicieron su batalla financiera. Pero en este año, tras denunciar problemas de tesorería, anunciar aplazamientos de pagos y amenazar con hacer con suspensión de plazos, la negociación con la Generalitat finalizó con el reconocimiento por parte de la Administración autonómica de una deuda contraída de 914 millones de euros.

El proyecto de Universidad Internacional Valenciana, que llevaba proyectándose varios años, se convirtió en realidad en noviembre con el nombramiento de rector, caro para el que el Consell designó al catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universitat de València, José Sanmartín.