La investigación de la Fiscalía al vertedero de Andilla se inició en junio del pasado año tras recibir una denuncia de la Guardia Civil. La burocracia hizo que el plazo de prescripción se echara encima. El Ministerio Público se vio obligado a remitir in extremis los hechos al juzgado antes de que llegara el informe forense que sirviera de soporte a su denuncia.

El vertedero está ubicado en una parcela de propiedad privada. No cuenta con las autorizaciones pertinentes.

La investigación judicial repartirá responsabilidades entre el titular del terreno, el autor de los vertidos o, incluso, el Consistorio.

El Código Penal contempla penas que oscilan entre los cinco y siete meses de prisión para quienes estableciesen depósitos de desechos tóxicos o peligrosos.

Existe un tipo agravado para el caso de las radiaciones ionizantes, castigado con entre dos y cuatro años de cárcel. Pero requiere que se haya causado daño a la salud y que el autor de los vertidos supiera de la toxicidad de los mismos.