Alicante
Los técnicos del ministerio estiman en 42 millones de euros anuales el negocio oculto
10.01.09 -
Unos propietarios ofrecen su vivienda en alquiler con un cartel de contacto en una ventana.
La organización Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima la existencia de 26.100 alquileres de viviendas que se escapan del control del Fisco en Alicante, lo que suponen unas rentas sin declarar de alrededor de 42 millones de euros anuales. El valor total de la economía sumergida en la provincia, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, ascendería a 7.059 millones de euros anuales, lo que representa un 34,7% de la bolsa de dinero negro existente en toda la Comunitat Valenciana.
Sólo Valencia supera a Alicante con mayor volumen de dinero negro, con 10.478 millones de euros, según el informe realizado por este colectivo. Por su parte, Castellón queda con una bolsa de fraude de 2.750 millones de euros.
Una de las principales bolsas de fraude existentes está relacionada directamente con las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. También la adquisición de vehículos de lujo constituye otra "válvula de escape".
El estudio, que cobra relevancia ante la puesta en marcha de la actualización de la Ley de Prevención del Fraude en 2009, revela que el 54,8% de los arrendamientos localizados en la Comunitat son alquileres que se realizan 'en negro'.
En la actualidad, se calcula que existen más de 69.000 alquileres sumergidos en toda el territorio autonómico, lo que supone un negocio en la sombra de casi 112 millones de euros anuales, obtenido de las rentas ocultas derivadas del arrendamiento de vivienda.
La economía sumergida en la Comunidad Valenciana, por ambos conceptos se puede valorar en casi 20.300 millones de euros, lo que supone casi un 10% de la bolsa de dinero negro existente en toda España., cuya tasa se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros, según los últimos datos del INE.
Otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. El 96,8% de las mercantiles de la Comunitat que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros -más de 7.800 sociedades aproximadamente- escapan al control, ya que sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
Los análisis de varios organismos como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Banco de España, Consejo Económico y Social, Banco Mundial, sitúan la economía sumergida en una horquilla entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media europea de diez puntos por debajo, excluidos los países del Este. Por ello, los técnicos de Hacienda consideran "prioritario" que la Agencia Tributaria se centren combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo.
Sólo Valencia supera a Alicante con mayor volumen de dinero negro, con 10.478 millones de euros, según el informe realizado por este colectivo. Por su parte, Castellón queda con una bolsa de fraude de 2.750 millones de euros.
Una de las principales bolsas de fraude existentes está relacionada directamente con las operaciones de compraventa protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. También la adquisición de vehículos de lujo constituye otra "válvula de escape".
El estudio, que cobra relevancia ante la puesta en marcha de la actualización de la Ley de Prevención del Fraude en 2009, revela que el 54,8% de los arrendamientos localizados en la Comunitat son alquileres que se realizan 'en negro'.
En la actualidad, se calcula que existen más de 69.000 alquileres sumergidos en toda el territorio autonómico, lo que supone un negocio en la sombra de casi 112 millones de euros anuales, obtenido de las rentas ocultas derivadas del arrendamiento de vivienda.
La economía sumergida en la Comunidad Valenciana, por ambos conceptos se puede valorar en casi 20.300 millones de euros, lo que supone casi un 10% de la bolsa de dinero negro existente en toda España., cuya tasa se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros, según los últimos datos del INE.
Otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. El 96,8% de las mercantiles de la Comunitat que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros -más de 7.800 sociedades aproximadamente- escapan al control, ya que sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
Los análisis de varios organismos como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Banco de España, Consejo Económico y Social, Banco Mundial, sitúan la economía sumergida en una horquilla entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media europea de diez puntos por debajo, excluidos los países del Este. Por ello, los técnicos de Hacienda consideran "prioritario" que la Agencia Tributaria se centren combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo.
