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Alicante

La oposición ha recurrido al menos dos actuaciones urbanísticas
04.01.09 -

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Los tribunales resolverán sobre El Plantío, Benalúa Sur o el puerto
Un cartel anuncia la próxima construcción de un centro escolar en Benalúa Sur.
Otros proyectos municipales se resolverán en los tribunales. Otros, aunque no dependen directamente del Ayuntamiento que preside Sonia Castedo, sí influyen directa o indirectamente en cuestiones municipales. Es el caso de los silos del puerto de Alicante. Un proyecto que se circunscribe al desarrollo proyectado y aprobado por el puerto, pero que necesita también de la licencia municipal e influye en su devenir por la implicación vecinal.

Los vecinos no quieren que el puerto se convierta en un puerto industrial. Apuestan por el comercio, el deporte y el ocio. Por eso han llevado a los tribunales la instalación de media docena de silos de cemento y la descarga de graneles al considerar que merma su calidad de vida. Por el momento los silos van obteniendo, al cumplir con la normativa, las necesarias licencias municipales. Queda por ver la reacción vecinal, opuesta a estas instalaciones, y la presión que ejercen sobre el Consistorio.

También en los tribunales está el caso de El Plantío. Unas obras de construcción de apartamentos turísticos, dotaciones hoteleras y un campo de golf que conoce bien la alcaldesa pues lo tramitó siendo la responsable de Urbanismo. El PSOE denunció el caso que sigue en los tribunales tras haber anulado la licencia de obras y paralizado en varias ocasiones las obras al considerar que lo que en realidad se construye en el entorno del campo del golf no son apartamentos turísticos, sino meros apartamentos.

El plan de reforma interior de Benalúa Sur también tiene parte de su actuación en los juzgados alicantinos, tras la denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista, en la oposición. En este caso la asunción voluntaria por parte del Ayuntamiento de unos costes que inicialmente iba a asumir la urbanizadora fue lo que provocó su incursión en los juzgados.

El Plan Rabasa podría acabar también en los juzgados, si las entidades que así lo han advertido finalmente acuden a la ley para impedir su ejecución. Los jueces estudian también el caso de Mercalicante, una empresa con mayoría municipal, actualmente en el TSJ, y en la que están imputados el anterior alcalde y dos concejales.
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