El tribunal considera contrarios a derecho los acuerdos adoptados por la corporación por no someterlos a la preceptiva negociación con los sindicatos, tal y como requiere la ley y el propio convenio de condiciones de trabajo.
Así, la sentencia recoge en sus fundamentos jurídicos la obligación legal y del convenio de la Diputación de negociar con representantes sindicales las modificaciones que conllevan, entre otras, la amortización de de plazas, la modificación de condiciones de trabajo o la alteración de características de los puestos de trabajo. Por ello, el tribunal declara los acuerdos contrarios a derecho.
Para UGT, esta sentencia reconoce el "desprecio" por la legalidad y por los derechos de los empleados públicos "que viene siendo habitual en el sistema de Gobierno que caracteriza a Rus", y avanzó que ya está preparando otras demandas.







