La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión a J.B.C, un ciudadano de Gandia, por malos tratos a su ex mujer. Los antecedentes de este suceso hay que buscarlos en 1998, cuando P.C., vecina también de la ciudad, interpuso las primeras denuncias contra el entonces su marido por malos tratos e insultos.

Los años pasaron y llegó a contar más de 20 demandas que finalmente fueron aglutinadas en un único expediente. Siete años después de la primera visita a la Comisaría, se celebró el juicio el 6 de mayo de 2005. El resultado fue positivo para la víctima: seis meses de cárcel y una indemnización de 1.500 euros a ella, y otros 400 para su madre.

Pero ese castigo nunca llegó a cumplirlo. J.B.C. recurrió el fallo del juzgado. Tras estudiar el caso, se hallaron "fallos de forma y falta de fundamento", por lo que el organismo judicial instó al tribunal a volver a redactarla.

El problema es que esa nueva redacción nunca llegó y el acusado quedó libre. Pasaron dos años y la nueva sentencia se hizo pública el 31 de julio de 2007. "Tuvieron que pasar casi dos años para que el juez volviera a redactarla sin fallos", explicó la afectada entonces.

El acusado volvió a recurrir ante la Audiencia, quien volvió a poner problemas en el proceso. Ahora se trataba de un asunto de plazos: el magistrado de Gandia se había demorado demasiado en dictar sentencia, por lo que el organismo de Valencia la declaró nula.

Esta noticia se conoció el 10 de enero de este año. En el auto decía textualmente: "Declaramos la nulidad del juicio y de la sentencia dictada y que se proceda a la nueva celebración del juicio y se dicte sentencia por otro juez distinto". Para la denunciante esto fue un duro golpe, pero no cejó en su empeño. Un nuevo magistrado retomó el caso y condenó al acusado a un año de prisión más una indemnización económica de 2.000 euros a su ex mujer. La sentencia se dictó el 15 de mayo en el juzgado de lo penal de Gandia, pero J.B.C volvió a recurrirla.

Finalmente, el 10 de octubre de este año la Audiencia Provincial de Valencia dictó una sentencia firme, que no se puede recurrir, que condena al acusado a un año de prisión. Ésta se suma a otra de prisión por falsificación de documentos que le fue impuesta en el año 2005, así como a varias faltas por agresiones, amenazas e insultos.

J.B.C es vocal de una asociación cuyo objetivo es proteger a los menores en los procesos de separación y es portavoz de la campaña Por la custodia compartida. Según las asociación Mujeres por el Futuro, el ahora condenado "suele participar en campañas mediáticas", por lo que las mujeres asociadas se mostraron "contentas" con esta sentencia.