17.11.08 -
Dos personas conversan en la Bolsa de Madrid, donde las cotizaciones de las inmobiliarias llevan todo el año bajando.
La crisis ha empeorado los resultados de las principales inmobiliarias cotizadas, que registraron entre enero y septiembre unas pérdidas de 3.256 millones de euros, a pesar de que las entidades financieras hayan dado un respiro a algunas de ellas, que consiguieron aplazar los pagos de sus deudas.
La mayor parte de las inmobiliarias se han visto obligadas a refinanciar su endeudamiento en un entorno financiero de restricción de crédito, al tiempo que han tenido que hacer frente a la caída de las ventas y a la pérdida del valor de sus activos por el deterioro del mercado.
Aunque no todas estas empresas han hecho públicos los datos, la deuda conjunta disminuyó en los nueve primeros meses del año alrededor del 22,3 por ciento, hasta situarse en los 24.453,6 millones de euros, después de que algunas de ellas hayan conseguido mejorar sus condiciones financieras.
Este es el caso de Colonial y de Reyal-Urbis, que en los últimos meses han cerrado sendos acuerdos de refinanciación de sus respectivas deudas y obtenido la liquidez necesaria para poder seguir con su actividad.
El pasado mes de septiembre, Colonial consiguió refinanciar casi 7.000 millones de euros de préstamo sindicado que tenía con varios bancos acreedores, aunque la compañía ha perdido 2.475 millones por la depreciación de la valoración de sus activos inmobiliarios. En los nueve primeros meses del año la inmobiliaria no vendió ninguna vivienda, dado que incluso tuvo que afrontar la cancelación de los compromisos de compra de las que inicialmente tenía prevendidas.
Reyal-Urbis también ha conseguido cerrar la refinanciación de deuda por importe de 3.006 millones de euros, aunque el acuerdo se alcanzó una vez cerrado el tercer trimestre. Además, la inmobiliaria que preside Rafael Santamaría, cuyas pérdidas se quintuplicaron de enero a septiembre de este año, hasta los 374,6 millones de euros, ha cesado a su consejero delegado, Pedro Javier Rodera, debido a "la nueva coyuntura del mercado".
Otra inmobiliaria pendiente de sus acreedores es Metrovacesa, que tiene hasta el próximo día 27 para refinanciar la deuda de más de 4.000 millones que soportan sus propietarios, la familia Sanahuja.
La mayor parte de las inmobiliarias se han visto obligadas a refinanciar su endeudamiento en un entorno financiero de restricción de crédito, al tiempo que han tenido que hacer frente a la caída de las ventas y a la pérdida del valor de sus activos por el deterioro del mercado.
Aunque no todas estas empresas han hecho públicos los datos, la deuda conjunta disminuyó en los nueve primeros meses del año alrededor del 22,3 por ciento, hasta situarse en los 24.453,6 millones de euros, después de que algunas de ellas hayan conseguido mejorar sus condiciones financieras.
Este es el caso de Colonial y de Reyal-Urbis, que en los últimos meses han cerrado sendos acuerdos de refinanciación de sus respectivas deudas y obtenido la liquidez necesaria para poder seguir con su actividad.
El pasado mes de septiembre, Colonial consiguió refinanciar casi 7.000 millones de euros de préstamo sindicado que tenía con varios bancos acreedores, aunque la compañía ha perdido 2.475 millones por la depreciación de la valoración de sus activos inmobiliarios. En los nueve primeros meses del año la inmobiliaria no vendió ninguna vivienda, dado que incluso tuvo que afrontar la cancelación de los compromisos de compra de las que inicialmente tenía prevendidas.
Reyal-Urbis también ha conseguido cerrar la refinanciación de deuda por importe de 3.006 millones de euros, aunque el acuerdo se alcanzó una vez cerrado el tercer trimestre. Además, la inmobiliaria que preside Rafael Santamaría, cuyas pérdidas se quintuplicaron de enero a septiembre de este año, hasta los 374,6 millones de euros, ha cesado a su consejero delegado, Pedro Javier Rodera, debido a "la nueva coyuntura del mercado".
Otra inmobiliaria pendiente de sus acreedores es Metrovacesa, que tiene hasta el próximo día 27 para refinanciar la deuda de más de 4.000 millones que soportan sus propietarios, la familia Sanahuja.
