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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Valencia

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El centro cumple con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos
07.11.08 -

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Los estudiantes se pusieron en pie de guerra, protestaron y han ganado la partida. El instituto de Abastos retirará las cámaras instaladas en los baños del centro educativo y no instalará el sistema de identificación de huellas que habían anunciado para frenar los actos vandálicos producidos en el centro.

Desde que la semana pasada los alumnos denunciaron que se sentían perseguidos y encarcelados, la escalada de reacciones comenzó hasta que la Agencia Española de Protección de Datos anunció que iba a iniciar una investigación de oficio para comprobar si se estaban vulnerando los derechos fundamentales de los alumnos. "Lamentamos profundamente que haya habido personas que puedan haber sentido su intimidad menoscabada por la inclusión de cámaras en zonas de especial sensibilidad, a las que pedimos disculpas si esto ha sido así", explicó la dirección del centro en un comunicado.

El miércoles la dirección del instituto mantuvo una reunión con el claustro de profesores y los padres de los alumnos. Estuvieron analizando la repercusión de su decisión y finalmente decidieron retirar las cámaras más polémicas.

La dirección ha instalado 24 cámaras de vigilancia ubicadas en pasillos y en cuartos de baño femeninos, los que estaban más destrozados y donde los alumnos se concentraban y destrozaban todo el mobiliario. "No ha sido ni mucho menos voluntad de este centro vulnerar ningún derecho, habiendo tenido como objeto de toda acción el deseo de garantizar el buen funcionamiento del mismo, evitar daños o desperfectos y en definitiva ofrecer un mejor espacio para el desarrollo educativo de sus alumnos", se refleja el comunicado del instituto.

La dirección decidió poner en funcionamiento este sistema para frenar los constantes destrozos que se estaban produciendo en el recinto. "Siempre se ha actuado de buena fe, buscando y aprovechando las nuevas tecnologías para un mejor funcionamiento que permitiera el libre tránsito de las personas con derecho a salir del edificio, así como una mejor conservación del mismo", agregó el comunicado.

El director de este instituto, Alberto Pérez, aseguró que decidieron poner en marcha esta iniciativa basándose en los buenos resultados que se habían obtenido en otros centros españoles, incluidos los de la Comunidad Valenciana. "Nuestra intención ha sido la de sumarse a iniciativas similares en otros centros de España y de la Comunitat Valenciana cuyos resultados óptimos en la prevención de daños vienen a confirmar la efectividad en materia preventiva del uso de vigilancia electrónica que complementa a la realizada por el personal del centro. "La especificidad del espacio arquitectónico de nuestro centro, así lo aconseja", puntualizaron en el escrito.


Zanjar la polémica
La dirección del centro espera zanjar esta polémica y ceder en las peticiones del alumnado a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad el pasado mes de abril y padres y profesores estaban de acuerdo. "Esperamos que el centro vuelva a la normalidad de su día a día con el fin de ofrecer la mejor formación posible a sus alumnos", señala la dirección en el comunicado.

El instituto, sin embargo, ha decidido mantener el resto de cámaras instaladas por los pasillos para evitar que se sigan produciendo actos vandálicos. Sólo han retirado las medidas que la Agencia Española de Protección de Datos había establecido como desproporcionadas y por las que se había abierto la investigación de oficio.

La dirección, no obstante, se pondrá a disposición de la Agencia Nacional de Protección de Datos para que todas "las medidas de control interno adoptadas cumplan los requisitos fijados por el organismo, de proporcionalidad para la salvaguarda de la seguridad de las personas y el mantenimiento de los edificios", explicaron.

Hace dos meses que las cámaras estaban instaladas en el centro docente, pero ha sido ahora cuando los alumnos han protestado por esta medida y mediante el sindicato de estudiantes. Una reacción, que a juicio del profesorado está manipulada, puesto que el sindicato apenas tiene representación.

La Conselleria de Educación apoyó al centro docente, pero sí que le dejó claro que las medidas debían ser acordes con los parámetros que establece la Agencia Española de Protección de Datos.

Ahora con esta medida, la dirección del instituto espera haber solucionado definitiva la polémica y que los actos vandálicos cesen, porque en el último año se gastaron en el mantenimiento más de 5.000 euros.

cfernandez@lasprovincias.es
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