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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Valencia

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La entidad estudiará si se ha vulnerado la legalidad por colocar 24 aparatos de videovigilancia en el centro docente

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Alumnas del instituto de Secundaria de Abastos se arreglan en el baño femenino mientras les graba una cámara en la esquina superior derecha.
Los 1.300 alumnos del instituto de secundaria de Abastos estudiarán bajo la permanente vigilancia de una cámara, si la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no lo impide.

Esta entidad ha abierto una investigación para esclarecer si ha existido vulneración de la ley en la colocación de cámaras en los baños de este instituto de secundaria.

Artemi Rallo, director de la Agencia ha ordenado que se inicie de oficio actuaciones de investigación "con el fin de esclarecer si ha existido vulneración de la Ley orgánica de Protección de Datos en relación con la colocación de 24 cámaras de video vigilancia en el instituto público Abastos, en diferentes lugares del centro educativo, incluidos los baños del centro", queda reflejado en el comunicado.

El viernes pasado estalló la polémica cuando el sindicato de estudiantes denunció las acciones tomadas en el centro educativo que lo han convertido de la noche a la mañana en "una prisión. Además, tratan a los alumnos como delincuentes juveniles", afirmaba el escrito enviado por el sindicato.

La dirección del instituto no entiende la polémica suscitada, ya que asegura que la medida fue aprobada por unanimidad el pasado 9 de abril por el Consejo Escolar del centro.

"No tenemos ningún miedo y si la Agencia Estatal de Protección de Datos nos dice que modifiquemos alguna de las decisiones que hemos tomado, pues así lo haremos. Pero desde luego estamos muy tranquilos porque todo ha sido por consenso", aseguró ayer el director del centro docente, Álvaro Pérez.

Desde principio de curso los alumnos están expuestos a la vigilancia de 24 cámaras distribuidas por todo el instituto con el fin de evitar los actos vandálicos que se estaban produciendo constantemente en el centro. "Sufríamos problemas de todo tipo. Baldosas estropeadas, baños inundados tras romper los grifos. Tuvimos que cerrar dos de ellos porque estaban totalmente destrozados y el personal de la limpieza no podía dar abasto", relataba el director del Instituto de Abastos.

Durante el curso pasado la dirección se gastó más de 5.000 euros en reparar todos los desperfectos "y como no podíamos hacer frente a este constante gasto decidimos utilizar la tecnología para frenar estas acciones", insistió Álvaro Pérez.


Opiniones dispares
Los alumnos, sin embargo, tienen opiniones dispares respecto a esta medida. "Me parece muy bien porque hay gente que se estaba pasando", señalaba ayer por la tarde una joven a la salida de clase.

Mientras, otros estudiantes opinaban todo lo contrario y aseguraban que era una medida muy extrema. "Estoy en contra porque atentan contra nuestra intimidad y no podemos pasear por el centro con libertad. Eso no es legal", afirmaba Sergio, otro de los estudiantes que finalizaba las clases del día.

Opiniones a favor y en contra, de lo que sí estaban fascinados es de la repercusión que había tenido la noticia y que se habían convertido en protagonistas de todos los centros de Valencia y de España. "Madre mía si han venido todos los periodistas, que fuerte", se comentaban unos a otros.

El Sindicato de Estudiantes celebrará hoy a las 8 de la mañana una asamblea en la que reclamará la retirada inmediata de las cámaras y reclamará la dimisión del director del centro y de los responsables de la administración "que han permitido que se vulnere la intimidad de los alumnos", señaló un portavoz del sindicato.

La cámaras que más han alarmado a los estudiantes son las que están colocadas en los baños femeninos, pero el director asegura que el monitor se dirige a la entrada. "No están enfocadas en el interior del servicio y se han colocado aquí porque es donde se encerraban para fumar y destrozaban todo", explicó Álvaro Pérez.

Pero para el sindicato estudiantil es "vergonzoso que en un instituto que hasta la Policía reconoce que es de lo más tranquilo, se trate de presentar como vandálico". Igualmente, reprochó que se gasten unos "30.000 euros en sistemas de reconocimiento de huellas cuando hay de otras cosas, como las porterías de fútbol que se caen a trozos y sí plantean un problema de seguridad personal.

Junto a las cámaras, la dirección también decidió colocar unos tornos que aún no están listos ya que se están instalando desde el mes de octubre y destacó que supondrá un "gran descargo para los profesores que se evitarán tener que pedir la identificación al elevado número de alumnos y actuar como si fueran guardias jurados".

Este sistema controla las salidas y las entradas, ya que con 1.300 alumnos se hace "muy tediosa y delicada esta tarea y facilitaría mucho la labor", continuaron desde la dirección del centro.

El director insistió en que el centro tiene el apoyo de la Conselleria de Educación, "porque por supuesto les pedimos consejo antes de instalarlas y nos dijeron que sí", afirmó Álvaro Pérez.

La investigación que realizará la Agencia Española de Protección de Datos será la que determine si este polémico sistema educativo es legal o ilegal.

cfernandez@lasprovincias.es
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