Castellón
Así lo aseguró ayer Carmen Gimeno, representante de Casda, durante la presentación de una campaña municipal contra la explotación sexual de las mujeres, un negocio que, según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), mueve en España 18.000 millones de euros al año. Además, los últimos informes elaborados en nuestro país subrayan que más de 85% de las mujeres que se prostituyen en España son inmigrantes y están en grave riesgo de exclusión social.
En el caso concreto de Castellón, Pep Trullent, representante de la Agencia Valenciana de la Salud, aseveró que "la situación más grave es la que viven las mujeres que se prostituyen en áreas como el Caminàs pues, además de vender su cuerpo, sufren otro tipo de problemáticas relacionadas con el proxenetismo, los abusos y la inmigración irregular".
En esa línea, agregó que "por lo que se refiere a las prostitutas de nacionalidad española, cada vez son más las que ejercen la actividad en pisos de una forma más autónoma, mientras que en los grandes clubes de alterne se mezclan las situaciones de proxenetismo con otras más regularizadas".
De hecho, por lo que se refiere a los clubes dedicados al comercio del sexo en el conjunto de la provincia de Castellón, un estudio de la Generalitat Valenciana elaborado en 2007 reflejaba que el porcentaje de prostitutas de origen extranjero era del 32%. Respecto al conjunto de la Comunitat, el mismo informe revelaba que entre 25.000 y 30.000 mujeres ejercían la prostitución en las tres provincias el pasado año, de las que el 6%, esto es, entre 1.500 y 1.800, ofrecían sus servicios en la calle. Sólo un 4% (entre 1.000 y 1.200 personas) correspondía a la prostitución de lujo o a la ejercida "de manera ocasional".
En el conjunto del país, los estudios sobre trabajo sexual realizados indican que, cada día, unos 900.000 hombres utilizan en España a mujeres traficadas o prostituidas y que, cada año, al menos 300.000 mujeres son explotadas sexualmente.
Mafias, amenazas y miedo
En cuanto a los principales inconvenientes a la hora de erradicar la explotación sexual, los expertos recuerdan que "el hecho de que muchas de estas mujeres lleguen a nuestro país a través de mafias que amenazan con dañar a sus familias en su país de origen si no cumplen lo que les ordenan o el que les quiten la documentación para evitar que huyan complica cada vez más el acceso a estas personas e impide que las afectadas denuncien por miedo a represalias".
"Una vez estas mujeres se acercan a un punto de atención, lo primero que hay que trabajar es su autoestima, para que se den cuenta de que tienen alternativas reales a prostituirse a la fuerza", manifestó la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, Carmen Amorós, que, por lo que se refiere a la prostitución masculina, recordó que "sigue siendo residual y no se dan tantas problemáticas de proxenetismo".
Pese a que las competencias de las instituciones municipales son limitadas a la hora de erradicar la explotación sexual, la concejala de Igualdad, Beatriz Gascó, recordó ayer que Castellón "ya dispone de una ordenanza de convivencia ciudadana que regula la prostitución". El texto, que fue aprobado por el Consistorio castellonense el pasado mes de junio y que acaba de entrar en vigor, regula y penaliza aspectos como la contratación, promoción, favorecimiento o prestación de servicios de naturaleza sexual en la vía pública, "siempre y cuando altere la tranquilidad y/o seguridad ciudadana". Tipificada como infracción grave, lleva aparejada una multa de entre 751 euros hasta 1.500 euros.




